La oposición forma un frente común para «blindar» Carreño contra los parques de baterías

La portavoz socialista, Amelia Fernández, dio un breve avance de la declaración en su turno de palabra, y aseguró que los tres partidos coinciden en exigir una «moratoria de la concesión de licencias de este tipo de instalaciones hasta que haya una normativa rigurosa y adaptada a la realidad de Carreño».

De esta manera, se protegería al municipio de una manera más efectiva –en sintonía con el Plan General de Ordenación Vigente– para «frenar este tipo de proyectos en suelos no urbanizables». Del mismo modo, el Ayuntamiento se deberá manifestar «abiertamente en contra» de los parques de baterías en el concejo y manifestarse a favor de los movimientos de los vecinos, «expresando formalmente el apoyo institucional en defensa de sus intereses».

Al mismo tiempo, la línea general de las tres intervenciones del PP, PSOE y Vox, fue la de señalar la «falta de comunicación y transparencia» del equipo de gobierno a lo largo de todo el proceso burocrático para los parques de baterías, denunciando un «oscurantismo» por parte del alcalde, Ángel Manuel García (IU).

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Alberto Fidalgo, fue el primero en intervenir relatando la sucesión de hechos, de forma cronológica, desde que la empresa Persedium 15 solicitara un informe de condiciones urbanísticas en marzo, pasando por la negativa del Ayuntamiento, hasta el último informe municipal que alegaba la «incompatibilidad urbanística de la instalación» a finales de julio.

Negó la falta de comunicación y criticó a la oposición su «mayor interés en hacer una proyección pública sobre este tema que informarse con el gobierno municipal».

La portavoz de Vox, Cristina Colubi, respondió que se habían ignorado las solicitudes de información y ahondó que toda la situación de desconocimiento general era «una gravísima falta de respeto», tanto al resto de los grupos políticos como a los vecinos. El portavoz popular, Eduardo Muñiz, continuó las protestas en sintonía con las de Colubi, dado que en «ninguna de las comisiones de urbanismo siguientes» a marzo se trató el tema, ni se respondió a la «solicitud de una junta de portavoces», por lo que se vieron «obligados a forzar un pleno extraordinario».

El regidor de Carreño, en última instancia, alegó que «el tema no se llevó a comisión de urbanismo porque no llegó a ese trámite, la empresa desestimó el proyecto antes y, por tanto, se cerró el expediente». Las dos publicaciones en el BOPA, continuó, «no tienen nada que ver con la licencia urbanística, que es nuestra», aunque «asustó a los vecinos». A ellos, y a la representación que estuvo presente en el pleno, el regidor les pidió perdón «si hicieron algo mal» esperando «estar a la altura» la próxima vez.

En relación a la acusación de Fernández de «una falta de transparencia vecinal», García lo negó, y argumentó que «la información iba a ir a la comisión de urbanismo de septiembre, pero la cosa se calentó por el camino». A esto, la portavoz socialista solicitó «mayor participación en el futuro de Carreño».