Prostitución con IVA

Gloria Poyatos era una joven abogada en ejercicio cuando demostró en su tesis, hace cinco años, que una prostituta se podía dar de alta en la Seguridad Social y en Hacienda para ejercer su actividad con todas las de la ley. Y con derecho a paro, a bajas por enfermedad y maternidad... Con derecho a salir del ostracismo legal y social. No se anduvo con chiquitas. Poyatos, que hoy es magistrada del juzgado de lo Social de Arrecife y juez decana de Lanzarote con 37 años, se hizo pasar por una profesional del sexo para darse del alta como prostituta autónoma ante las miradas atónitas de los funcionarios de turno. De aquello salió un libro firmado por la propia magistrada (La prostitución como trabajo autónomo) y, de aquel texto, la primera cooperativa de prostitutas de nuestro país. Son once chicas, la mayoría de países del Este, pero también españolas e italianas, que se inspiraron en la experiencia de la juez y que ahora imprimen el correspondiente tique al cliente para justificar el cobro de unas horas o una noche entera de placer, al gusto o al bolsillo del consumidor. Y es de suponer que con el 21% de IVA incluido, aunque la alegalidad en la que siempre se ha movido el oficio más antiguo del mundo tampoco define tipos impositivos sobre la prestación de servicios sexuales.

El teléfono de Sealeer, en la calle Els Polls de Ibiza, echa humo. En dos meses, la cooperativa ha recibido «centenares de solicitudes y muchísimas llamadas pidiendo información. Ahora solo tramitamos la incorporación de 40 mujeres más porque no damos abasto con el papeleo», explica María José López Armesto, presidenta de la sociedad. Ella también se dio de alta como prostituta, aunque en su caso no ejerciera, ni antes ni ahora. «Conozco la calle porque tengo muchas amigas en la profesión. Amigas que se han tenido que meter a prostitutas para que sus hijos se fueran a la cama con el estómago lleno. No hacen daño a nadie y es un trabajo como cualquier otro».

Las chicas de la cooperativa no hacen la calle porque es «un peligro. Además, se exponen a multas que les harían trabajar para el Ayuntamiento. Es como trabajar para el proxeneta», reflexiona la presidenta. Alquilan su cuerpo en locales de alterne y pisos en los que «solo ellas tienen el control sobre lo que ganan, sobre su forma de trabajo, sobre su vida». Algo que no pueden decir la inmensa mayoría de las 100.000 mujeres que, según las cifras que manejan los expertos, ejercen la prostitución en España.

Cursos de riesgos laborales

Desde que la Consejería de Economía y Comercio de Baleares dio el visto el bueno a la iniciativa tras un recurso, las cooperativistas de Sealeer cuentan con todo el apoyo legal y la protección necesaria para sentirse entre algodones. Tienen abogado, un gestor (encargado de la contabilidad, de las facturas...) y hasta dos técnicos de riesgos laborales que instruyen a las autónomas sobre los peligros de una actividad que mueve más de 50 millones de euros al día en nuestro país. Hacerse cooperativista cuesta 300 euros al mes, aunque de momento no se aceptan más solicitudes. «Nos cuesta dar salida a las que tenemos porque la mayoría de las chicas no tienen los papeles en regla», admite López Armesto.

Ese es uno de los principales problemas que detecta Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) en Murcia, a la hora de poder constituir más cooperativas de este tipo. «Para hacerse autónomo se exigen algunos requisitos como ser español, comunitario o tener permiso de residencia de larga duración, que impiden a muchas profesionales del sexo integrarse en una sociedad de este tipo; aunque el paso de Ibiza es hiperpositivo para empezar a reconocer los derechos laborales de los trabajadores del sexo», enfatiza Pardo. «Lo que se pretende es minimizar el daño que soportan estas mujeres. ¿Porqué no puede tener cabida en el sistema esta actividad económica?», se pregunta la juez Poyatos.

¿Esta cooperativa es una puerta abierta a la regularización de la prostitución en España?

«Sí», responde sin ambages María Jesús López Armesto. «Beneficiaría a muchas mujeres, se reduciría la explotación sexual, como se ha demostrado en otros países, y haríamos aflorar un negocio de muchos millones. Aunque los políticos no quieran, vamos a ser un grano en su culo», ilustra elocuente. «Sin ninguna regulación ya tenemos redes de tratas, proxenetismo, hay prostíbulos... Lo que yo propongo es evitar la penalización de las señoras que voluntariamente se dedican a esta actividad, que puedan organizarse y autogestionarse», añade Poyatos. Aunque quizá lo más importante es que, por fin, «las prostitutas puedan ser absolutamente libres».