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IDOYA REY
Jueves, 15 de mayo 2014, 04:27
Hace apenas dos meses el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 redactaba un auto rechazando el desalojo de La Madreña, solicitado como medida cautelar por la empresa Sedes. Fue una petición dentro del procedimiento por usurpación que la sociedad tiene abierto contra cinco jóvenes usuarios del centro social ocupado y autogestionado. Les acusa de haber usurpado uno de sus edificios de General Elorza que permanecía vacío tras la mudanza de la Consejería de Salud al edificio diseñado por Santiago Calatrava y que ahora puede convertirse de nuevo en un inmueble abandonado: la Audiencia Provincial acaba de admitir el recurso de la empresa y ordena el desalojo, precinto y clausura de La Madreña.
El juez instructor se basaba en el beneficio social que el edificio estaba prestando a cientos de ciudadanos, que no causaban problema alguno ni daños al inmueble. Es más señalaba que su mera presencia en él evitaba que otros pudieran causar desperfectos y que el desalojo serviría para que el espacio se transformara en un solar desangelado e inhóspito. Es decir, que no tendría uso alguno, pues los planes de Sedes eran construir viviendas de lujo que ahora difícilmente tendrían salida en el mercado, por no mencionar la situación económica de la empresa con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en marcha.
Como el juez instructor, muchos otros en España están «relacionando las causas atendiendo a la situación actual, al momento en que se juzga. Sin embargo la Audiencia ha tenido en cuenta argumentos estrictamente jurídicos sin valorar que dada la situación de la empresa es difícilmente justificable que necesite el bien», valora la abogada Ana Taboada, que represententa a los imputados de La Madreña.
Es más considera que dada la fase de instrucción en el que está el caso «todavía se está determinando si el delito es un delito y quiénes son los presuntos culpables. Atendiendo al principio de proporcionalidad no es adecuado», incide la letrada.
Cabe recordar que inicialmente la denuncia de Sedes contra cinco jóvenes fue archivada. La empresa recurrió y consiguió que se reabriera el caso. «Ahora parece que las presiones de Sedes llegan de nuevo a la judicatura», comentaba ayer un usuario. El escueto auto que ordena el desalojo señala que «el derecho de disponibilidad del propio patrimonio no tiene por qué soportar dejar en la voluntad de los presuntos delincuentes su gestión». Contra el mismo no cabe recurso ordinario alguno. «El extraordinario es complicado aunque no se descarta», apuntó Taboada.
Asamblea abierta
Los miembros de La Madreña han convocado para esta tarde, a las 20.00 horas, una asamblea abierta, en la que quieren que participen cuantos más usuarios y vecinos del barrio de Pumarín, mejor. «Queremos que participe el máximo número de gente posible para tomar una decisión sobre qué hacer. Salvar La Madreña es salvar Oviedo», concluyen.
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