Conceyu por otra Función Pública pide a la Fiscalía aclarar la seguridad en el Calatrava

La asociación de trabajadores públicos Conceyu por Otra Función Pública nAsturies denunció ayer ante la Fiscalía Delegada para la Siniestralidad Laboral las posibles deficiencias de las oficinas del Gobierno regional en el complejo de Buenavista diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. Reclama realizar una investigación para aclarar si, tal y como aseguró uno de los propietarios de Ipezsa, Aquilino Zapico, en su comparecencia en la comisión de 'los palacios', en el edificio falta aislante contra el fuego, y una de las plantas está en contacto con el aire. En caso de que confirmase «la existencia de indicios delictivos» (un delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el Código Penal), la asociación solicita abrir diligencias penales «contra las personas o entidades responsables de un delito contra la salud pública de los trabajadores, por la omisión de medidas necesarias para garantizar la vida, salud e integridad física de los empleados públicos» que trabajan en las sedes del Principado.

A su denuncia, adjunta la información publicada por este diario que recogía las declaraciones del empresario encargado de realizar todas las instalaciones en el complejo del Palacio de Congresos. Zapico apuntó en la comisión de investigación que «si se produjera una chispa, no sé qué podría ocurrir».

El empresario «no es precisamente un indocumentado que pasaba casualmente por la comisión de investigación», considera la asociación en una nota de prensa. Por lo que entiende que «sería de una enorme gravedad» ya que, según Zapico, «no existen medidas suficientes contra el riesgo de fuego en un edificio en el que trabajan más de 400 empleados públicos y en el que se atiende diariamente a un gran número de ciudadanos que gestionan sus trámites en las oficinas ubicadas en estas dependencias». Unas dependencias «situadas a gran altura», a las que se accede a través de dos ascensores, con una «estrecha y empinada» escalera como salida de seguridad, en las que «una chispa no es descartable dada la acumulación de material combustible dentro de las oficinas, dotadas con gran aparataje eléctrico».

Conceyu por otra Función Pública entiende que la Fiscalía debe determinar la veracidad de las acusaciones de Zapico que aseguró, además, que el Principado conocía lo ocurrido. Lo dijo también en la comisión: «Patrimonio mandó un correo a Jovellanos XXI para subsanarlo», apuntó. Pero la empresa no lo habría hecho. La compañía vendió a la empresa pública Sedes y esta permutó al Ejecutivo regional la propiedad. El Principado pagó en especie evitándo sumarlo deuda o realizar algún tipo de desembolso.

Los trabajadores de la compañía, encerrados en uno de sus edificios en la calle Uría, han denunciado también ante el juzgado a «los particulares y entidades responsables de las decisiones y operaciones que la han llevado a la ruina». Se refieren a la adquisición de estas oficinas, cuando «el objeto social de Sedes es la construcción y promoción y no la adquisición», como la realizada en 2004 a Jovellanos XXI por 58 millones de euros y que ha arrastrado a la empresa a tres expedientes de regulación de empleo.