El fin de la renta antigua deja en el aire numerosos negocios de Gijón

Los comercios gijoneses que actualmente mantienen el régimen de renta antigua tienen como fecha límite el 1 de enero de 2015 para renegociar sus alquileres a precios actuales de mercado con los propietarios de los locales. Con el cambio de año se extinguirán automáticamente todos los contratos de arrendamiento firmados antes del 9 de mayo de 1985, al caducar el periodo transitorio o de prórroga concedido a este tipo de inquilinos comerciales que siguen rigiéndose por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1964. Una ley que mantiene hoy en día contratos de alquiler que fluctúan entre los 100 y los 900 euros de cuota mensual en pleno centro de Gijón. Para decenas de pequeños establecimientos tradicionales, que han ido pasando de padres a hijos generación tras generación, esta actualización de rentas puede suponer la puntilla.Entre los comercios amenazados en la ciudad por la cada vez más inminente finalización de los contratos de alquiler de renta antigua hay ferreterías, librerías, kioscos, droguerías, perfumerías, tiendas de alfombras y ropa del hogar, corseterías, cafeterías, negocios de ultramarinos... Muchos de ellos se localizan en calles céntricas como San Bernardo, La Merced, Munuza, San Antonio o Menéndez Valdés.

Algunos arrendatarios afectados ignoran las dificultades que se les avecinan y quienes sí son conscientes de la situación reconocen que enfrentarse ahora a un incremento sustancial de la renta que pagan por sus negocios, en tiempos de crisis y caída del consumo, les puede situar ante «la disyuntiva de cambiar de local o directamente echar el cierre».

Jaime Vírgala tiene 60 años y, de ellos, los últimos 36 los ha pasado detrás del mostrador de la modesta librería Mikra, en un local de 28 metros cuadrados (trastienda incluida) de Menéndez Valdés colindante con la oficina del BBVA del Parchís por el que reconoce que paga 100 euros de cuota de renta mensual. «Si los propietarios me hacen borrón y cuenta nueva con el alquiler adiós a las llaves, pero que me devuelvan antes el importe de lo que he pagado por los libros. Desde que comenzó la crisis la realidad es que yo vengo a trabajar para perder dinero», asegura este arrendatario, que comenta que «hasta hace poco me venían las facturas del agua a nombre de una mujer que murió hace 35 años».

Vírgala explica que el local de renta antigua que ocupa «está en muy malas condiciones», al igual que el de su vecina comercial del Kiosco Sierra Blanco, con una antigüedad de 75 años y que fue heredado de padres a hijos hasta llegar a Covadonga, que es la tercera generación y a la que le quedan sólo dos años para jubilarse. «Estamos sobre la arena de la playa en un edificio que se mueve y no tiene cimientos», se queja el librero.

También en Menéndez Valdés tiene en vigor contrato de arrendamiento anterior a 1985 la Ferretería San Miguel. Un establecimiento con solera que echará el cierre en los próximos meses por el choque con los propietarios, que también tuvieron importantes desavenencias con los arrendatarios de la histórica Perfumería Vigil, un negocio fundado en 1945 en la esquina de la Plazuela con Menéndez Valdés que bajó la persiana el año pasado y permanece desde entonces vacío. La actualización forzosa de precios también está detrás de la clausura, hace escasos días, de La Despensa de Carmen, una tienda de alimentación delicatessen que llevaba 18 años abierta en la calle Cervantes, así como de la mudanza de la tienda de decoración del hogar Curtiplás a un nuevo local a 25 metros del que tenía alquilado desde hace décadas en San Bernardo.

La gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, explica que desde su entidad se ha trabajado mucho en los últimos tiempos a través de talleres, reuniones y circulares con sus asociados para que, quienes se encontrasen en esta tesitura, supieran que era el momento de negociar porque había muchas posibilidades de renovación de alquileres o cambio de local. Con todo, Moreno está convencida de que «alguno tomará las uvas el 31 de diciembre entregando las llaves del negocio que fundaron sus abuelos».

Otros negocios que se pueden encontrar entre la espada y la pared en este momento son Los Puntilleros en San Bernardo, la Droguería Asturiana en Munuza y la Librería Paradiso en La Merced. Alfonso Peláez, al frente del local catalogado que fundó su abuelo hace 80 años, advierte de que «esto o queda cerrado o aquí no se puede poner otra cosa distinta a una droguería».

Los expertos inmobiliarios consultados consideran que la crisis puede jugar a favor de algunos de estos arrendatarios que llevan años beneficiándose de un régimen de alquiler muy por debajo del mercado, ya que sus cuotas tan sólo se han ido actualizando anualmente con el incremento del IPC. Señalan que la caída de los precios del alquiler en todo el sector inmobiliario, y una menor demanda de inversores y emprendedores, pueden obligar a ambas partes, inquilinos y propietarios, a llegar a un acuerdo. Los primeros, para no perder una ubicación a veces privilegiada, y los segundos para conservar a pagadores seguros y conocidos desde hace años.

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 dejará de tener efectos ventajosos para algunos minoristas por el denominado 'Decreto Boyer' de 1985. Entre los objetivos del decreto del exministro socialista figuraba la rotación de los arrendatarios de los locales una vez que se acabara el plazo de prórroga de la renta antigua. Se calculó que para 2015 la gran mayoría de inquilinos comerciales de este tipo estarían en edad de jubilación, por lo que una nueva generación podría tener acceso a esos establecimientos. El factor de la crisis, no previsto en la ley, ha provocado que la jubilación sea más compleja para estos arrendatarios, que buscan nuevas fórmulas para poder seguir alargando su etapa profesional con jubilaciones parciales o, en algunos casos, trabajando hasta el último aliento.