«Nadie garantiza que los juzgados de Avilés se vayan a mantener», señalan los sindicatos

«Nadie garantiza que los juzgados de Avilés o de Gijón se mantendrán, o si van a ser delegaciones de secciones del futuro Tribunal Provincial de Instancia de Oviedo», afirmó ayer el responsable de Justicia de Comisiones Obreras de Asturias, Juanjo Azcano, acerca del proyecto de reforma de la administración judicial presentada en forma de anteproyecto de ley por el ministro Alberto Ruiz Gallardón el pasado viernes.

«Recorte brutal»

Juanjo Azcano participó ayer en la primera de las convocatorias de protesta contra dicha reforma, ante el palacio de Justicia de la ciudad, a la que se sumaron en torno a medio centenar de trabajadores de los juzgados avilesinos.

Para la Plataforma por la Justicia, integrada por todos los sindicatos, dicha reforma supondrá «un recorte brutal para los ciudadanos» que, entre otras cuestiones, verán suprimidos «los juzgados de paz» y, con ello, «se verán obligados a desplazarse muchos kilómetros para cubrir trámites como la gestión de una partida de nacimiento o un exhorto», indicó Juanjo Azcano.

A esa supresión, añaden desde Comisiones Obreras, se sumará la de las Audiencias Provinciales y la concentración de los juzgados en el Tribunal Provincial de Instancia, que en el caso de Asturias se ubicaría en Oviedo aparejada a una reducción del número de partidos judiciales. En ese punto, los representantes sindicales entienden que Avilés y Gijón podrían mantenerse, aunque «nadie lo garantiza», si bien sus juzgados pasarán a ser meras delegaciones del tribunal ovetense.

Todo ello, añadió Tini Navas tras la concentración de ayer, iría encaminado «a buscar el control de los jueces por intereses políticos» puesto que, entre otros aspectos, «se busca una justicia muy jerarquizada» que «se homologa con el modo en que está organizado el Ministerio Fiscal, donde ninguno de los fiscales actúa sin el consentimiento de sus superiores».

«Control político»

En esa línea iría, opinan desde CC OO, la centralización en Oviedo de los juzgados y la supresión «del sistema democrático en el funcionamiento de los partidos judiciales, donde existen unas juntas de jueces que se reúnen y eligen por votación a un juez decano, figura que desaparecerá» para ser reemplazada por un delegado designado directamente por el Consejo General del Poder Judicial que, a su vez, es elegido por los grupos políticos representados en el Congreso y el Senado.

Así pues, los sindicatos entienden que la reforma planteada por Alberto Ruiz Gallardón vendría a ser la guinda a un proceso en el que se incluye «la privatización de los registros civiles» para su cesión a los registradores de la propiedad, recordó Juanjo Azcano.

Ante eso, Tini Navas anunció ayer la disposición de los sindicatos de la Justicia a «intensificar las movilizaciones» a partir de los próximos meses para tratar de frenar la reforma o, al menos, «lograr que lo se modifique la mayor parte de lo previsto en el anteproyecto de ley presentado por Gallardón», indicó.

Al margen de los recortes que supondría la reforma en lo que se refiere a la independencia del poder judicial o a la proximidad de los servicios prestados en los partidos judiciales, los sindicatos entienden que la reforma emprendida por el Ministerio de Justicia tendrá también importantes consecuencias para los propios trabajadores de la Administración judicial.

La primera consecuencia, según explicó Juanjo Azcano, será la supresión de las garantías actuales «del centro de trabajo» al establecerse «como dentro de destino toda la provincia». Ello podría suponer, entre otros aspectos, que se estableciera «la máxima movilidad» de los trabajadores que podrían ser desplazados al lugar que se estableciera en la aplicación de la reforma.

Incapacidad temporal

De ese modo, indican los convocantes de la concentración de ayer, vendrían a empeorar las condiciones laborales en la Administración de justicia. No en vano, a las reivindicaciones de la protesta de ayer contra la reforma y contra la privatización de los registros civiles se suma «una reivindicación al Gobierno del Principado» para que abone «el complemento de incapacidad temporal a partir del séptimo mes de baja», y que cobran «el resto de funcionarios asturianos adscritos a la Seguridad Social».

La ausencia de ese complemento, indicó Azcano, viene a suponer «la pérdida de un tercio del salario» en esos casos de incapacidad temporal, «cuando los ingresos no son precisamente altos». Según añadió el responsable de Justicia de Comisiones Obreras de Asturias, los casos de incapacidad temporal responden principalmente al perfil «de trabajadores enfermos de cáncer», explicó Juanjo Azcano.