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Un grupo de cursillistas recibe sobre en Salinas las primeras nociones para practicar surf. :: SERGIO LÓPEZ
La Policía Local denunció en 2013 a las escuelas de surf por carecer de licencia
AVILES

La Policía Local denunció en 2013 a las escuelas de surf por carecer de licencia

La 'casonas' continuaron la actividad, pese a que la mayoría no tenía autorización para prestar servicios de albergue o restauración

J. F. GALÁN

Domingo, 6 de abril 2014, 13:18

La Policía Local de Castrillón denunció el año pasado a la práctica totalidad de escuelas de surf asentadas en el concejo, la mayoría en Salinas, por ejercer su actividad sin licencia. Y no sólo para impartir clases de surf. En el caso de las denominadas 'surfcamps', 'surf house' o simplemente 'casonas', muchas también carecían en el momento de la inspección de la autorización necesaria para prestar servicios de albergue, hostelería o restauración, que efectivamente prestaban, con amplia difusión publicitaria.

Ninguna fue precintada al conocerse la infracción y, al menos que se conozca, tales irregularidades tampoco se habrían subsanado a posteriori. Todas continuaron abiertas, dando clases de surf y alojamiento, fundamentalmente a jóvenes, ofreciendo bebida y comida, instalando terrazas, en algunos casos con música amplificada o en vivo, y presuntamente sin someterse a los correspondientes controles de Sanidad o Consumo ni abonar las tasas municipales. Solo al final del verano se emitió una orden de cierre a una de esas casonas, a una que había abierto a finales de junio y que ya ha solicitado licencia de reapertura.

Las denuncias no solo proceden de la Policía Local. También algunos cursillistas, sobremanera los que han estado alojados en las casonas, denunciaron ante Consumo supuestas irregularidades que detectaron durante su estancia, relativas tanto al número de monitores por alumno o a su cualificación como a las condiciones del alojamiento.

Si se acude a cualquier web de hoteles y se busca en Salinas, lo primero que aparecen son las 'casonas' de surf, con precios que para la segunda quincena de junio rondan los 350 euros la semana. En este punto, cabe señalar que muchas de las casas que prestan servicio de alojamiento están urbanísticamente catalogadas como de uso residencial, no hotelero. Cambiar tal catalogación requeriría una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbano, trámite que lleva su tiempo y que no en todos los casos se podría completar, dado que algunas no cumplen las condiciones necesarias para ejercer de albergue u hotel.

Salvamento también ha expresado en más de una ocasión su inquietud por el número de cursillistas que llega a concentrarse en el agua. A veces supera el centenar, y advierte que el número de monitores por alumno no siempre es apropiado y que tampoco a veces las clases no se suspenden cuando el mar no está para que un principiante, la mayoría de corta edad, se inicie en el mundo del surf. Salvamento se ha visto incluso obligado a cambiar de sitio la zona de baños ante la numerosa presencia de surfistas de escuela en el agua.

Hosteleros y vecinos

También hay que quejas de hosteleros, que ven competencia desleal, de vecinos e incluso de escuelas de mayor arraigo cuya actividad se limita a eso, dar clases de surf.

Así las cosas, el gobierno local ha intentado sin éxito aprobar una ordenanza de uso de las playas del concejo. La oposición la ha frenado, argumentado falta de consenso y también que muchas de las medidas que recoge, como la prohibición de hacer fuego o pernoctar en la playa, ya están recogidas en leyes de ámbito superior o en otras ordenanzas municipales.

También duda del encaje legal de otras, como sancionar administrativamente, con una multa, a quien insulte a un socorrista, supuesto tipificado como una falta penal. En lo que a las escuelas de surf se refiere, la ordenanza les obliga a pedir licencia de actividad. Entre otras cosas, deberían presentar copias de alta en el impuesto de actividades económicas o certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, del seguro de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 300.000 euros y una relación del personal técnico.

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