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EVA MONTES
Miércoles, 26 de marzo 2014, 04:45
Son ya tres años de guerra soterrada, en los despachos y en conversaciones informales, los que lleva la Universidad intentando convencer a la Consejería de Educación de que suavice la normativa de progreso y permanencia de los estudiantes de grado y de máster, que aprobó el Consejo Social conforme a la propuesta diseñada por el Principado. Según las reglas aprobadas en 2011, cada alumno dispone de seis convocatorias por asignatura, agotadas las cuales sin aprobar la materia, el estudiante es expulsado de la Universidad, independientemente de que esté matriculado en primer curso o en cuarto. «Yo llevo tres años de vicerrector de Estudiantes y desde entonces que estamos pidiendo al Principado que computen solamente las convocatorias a las que se presenta el alumno y no todas, se presente o no se presente, como recoge la norma», explica Luis Rodríguez, con una indisimulada desazón por la falta de receptividad de la directora general de Universidades, Miriam Cueto.
Hace algo más de un año la representación académica en el Consejo Social, minoritaria en el Pleno, ya pidió al órgano universitario que suavizara esa regla, porque «perjudica ostensiblemente a los estudiantes y está consiguiendo el objetivo contrario al que se perseguía: Los alumnos o se matriculan de menos asignaturas, lo que extiende igual su permanencia en la Universidad, o se presentan sin saber la materia, lo que hace que nuestra tasa de éxito, importante para la evaluación de los grados, se vea reducida». 70 alumnos ya solicitaron la convocatoria de gracia.
Por mayoría
Pero el 28 de febrero de 2013 el Consejo Social no entendió que fuera necesario suavizar el reglamento y desatendió la propuesta del rector. Así que ayer Vicente Gotor buscó el respaldo de la comunidad académica y logró una apabullante mayoría -salvo una abstención- que «vamos a instar al Consejo Social a que reconsidere este aspecto de la norma de progreso y permanencia», resumió Luis Rodríguez. Pero la directora general de Universidades no parece haber cambiado de opinión, lo que hace prever que el rector y el vicerrector de Estudiantes habrán de convencer a los consejeros sociales -empresarios, políticos y sindicatos-, para que la balanza se incline a su favor en esta segunda ocasión.
De hecho, ese respaldo académico de un órgano que no es competente en la materia resultó el eje del Consejo de Gobierno de ayer, en el que Vicente Gotor informó de lo tratado en la Conferencia de Rectores y el Consejo de Universidades, con especial hincapié en la petición al ministerio de que los estudiantes de FP y los extranjeros no comunitarios tengan que superar pruebas de acceso, como los alumnos de Bachillerato.
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