«Tumbemos la ley. No queda otra»

En la convocatoria, 'Crisis económicas y sociales. Soluciones del Trabajo Social' ya prometían remedios a la difícil situación del país. Y aunque al principio del debate todos apuntaban a que «las soluciones deben darlas otros», tras dos horas y media de exposición y discusión, los trabajadores sociales, que ayer celebraban su día mundial, llegaron a la conclusión de que uno de los primeros pasos que hay que dar para evitar «más precariedad y exclusión» es impedir que entre en vigor la Ley de la reforma de la Administración local. Una norma que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2015 y que supondrá «la desaparición de los servicios sociales de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Es decir, que se quedarán sin cobertura 71 de los 78 ayuntamientos asturianos», explicó Carmen Romero, trabajadora social del Ayuntamiento de Llanes y miembro de la recién creada Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales de Asturias.

La proclama «Tumbemos la ley. No queda otra» de Ignacio González, profesor de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Jovellanos, fue el colofón a una jornada que comenzó con gritos de los universitarios a favor de la biblioteca del campus e interrupción del discurso de la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Rodríguez, por parte de la ONG Alambique contra el atasco del salario social. Todos fueron despedidos con aplausos.

El paraninfo de la Universidad Laboral, donde ayer el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias arrancó las jornadas conmemorativas, que concluyen hoy con una conferencia sobre pobreza, se convirtió en un senado en el que el público, formado por estudiantes y trabajadores sociales, debatió con expertos en una mesa redonda moderada por EL COMERCIO.

«Crisis de valores»

En la cita, además de los citados Carmen Romero e Ignacio González, participaron Elena Badallo, trabajadora social sanitaria, y Víctor García, presidente de la Red contra la Pobreza y director de la Fundación Secretariado Gitano. Todos pusieron el acento en que «no estamos ante una crisis económica. O no sólo una crisis económica. Es una crisis de valores».

Esas fueron las palabras de la decana de la Facultad Jovellanos, Eugenia Suárez, encargada, junto al presidente del Colegio Oficial, Víctor Barril, de abrir unas jornadas en las que se convirtió, por las proclamas de Alambique, en protagonista involuntaria la consejera de Bienestar. Cuando Esther Díaz iba a tomar la palabra, miembros de la ONG se levantaron para gritar contra el colapso del salario social, por el que esperan 4.300 asturianos, proclama que concluyó marchándose todos.

Díaz aseguró respetar todas las opiniones, pero lamentó que los integrantes de Alambique no se quedaran para escuchar sus explicaciones, que se centraron en el «recorte en el tiempo de espera. Ahora son diez meses, que son muchos, de acuerdo, pero son menos que hace un año».

A Oviedo a por una cita

Suspalabras de queja contra la marcha de Alambique, no obstante, se volvieron una hora después contra ella, ya que tanto los presentes en la mesa como el público lamentaron «que ella no esté para escuchar nuestras reivindicaciones». Éstas no son otras que «el Principado acuda al Constitucional, como todos los ayuntamientos, para paralizar esta ley», una ley que obligará «a acudir para todo a Oviedo. Es como si, para pedir una cita en el médico, me hacen llamar a la Consejería de Sanidad», explicaron.

Tampoco la Red de la Pobreza comparte el optimismo sobre la gestión del salario social. «El desempleo es para muchas más personas y no tiene atasco. El salario social debería ser igual», dijo García.