Un año desalojados de su casa

La familia desalojada de la vivienda del paseo marítimo de Candás acusa a la Alcaldía de «mentir» y de demorar la entrega de un piso social municipal. Según manifestó la afectada, Alicia Prendes -que abandonó hace quince días su casa por orden judicial y se reunió después con el alcalde-, el primer edil se comprometió a facilitar un lugar de residencia temporal. Ahora, lo que pretende es iniciar una tramitación administrativa con los servicios sociales municipales para que la familia disponga del piso. Para ello, explicó, la Alcaldía fija un periodo, que finalizará el día 28 de este mes, para que presentar toda la documentación solicitada. Estas nuevas decisiones son interpretadas por la afectada como una forma de «poner inconvenientes y retrasar aún más la disposición de una vivienda. Quedó bien claro desde hace un año que mi familia y yo solicitamos ya un piso para realojarnos mientras no podamos estar en nuestra casa. Estamos hablando de una situación de emergencia y, como establece la Constitución, tenemos derecho a ella. Lo que quiere la Alcaldía es que ocupemos una vivienda social, a la que legalmente no tenemos derecho, porque nuestros ingresos están muy por encima de los exigidos para disponer de este tipo de pisos». Por esta razón, Prendes entiende que -al tratarse de una tramitación para una vivienda social y no para una vivienda de emergencia- lo único que persigue el regidor «no es otra cosa que poner obstáculos a un servicio al que tenemos derecho desde un principio».

Hace quince días, en la primera reunión mantenida entre las partes tras el desalojo por orden del juez, la única condición que se puso para entregar las llaves a los afectados fue la necesidad de realizar una serie de obras de acondicionamiento en el apartamento. El mismo día, según manifestó entonces, Alicia Prendes, tras entrevistarse con la responsable de los servicio sociales, esta «aclaró que por tratarse de una emergencia no era de su competencia gestionar la entrega de una vivienda y debería ser el alcalde quien resolviera». Transcurridos quince días, esta decisión no es así y tendrá que ser la comisión de Servicios Sociales quien decida al respecto. Según pudo saber este periódico de fuentes de toda solvencia, los trámites que ahora se piden son los habituales, sin distinción. Al parecer, se trata de una gestión más sin que, con ella, se pueda impedir que la familia desalojada se quede sin una vivienda provisional.