Los antiguos juzgados, a la venta en abril

La Dirección General de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Hacienda y Sector Público, podrá disponer a partir de la primera semana de abril del edificio de los antiguos juzgados de Prendes Pando, uno de los inmuebles propiedad del Principado que el Gobierno regional pretende enajenar este mismo año a través de un procedimiento de subasta pública. Aunque la actividad judicial en este equipamiento cesó hace ya nueve meses, tras el traslado de todos sus órganos al Palacio de Justicia de La Bohemia, hasta ahora el edificio no ha podido ponerse a la venta porque ha seguido albergando una vasta colección de documentos, fruto de tres décadas de actividad.

En Prendes Pando se han estado custodiando durante años tanto los archivos generales de Justicia, propiedad del Consejo General del Poder Judicial, como los del registro civil. Y aunque la documentación más reciente -la correspondiente a la última década-, se encuentra ya en los nuevos archivos del edificio de La Bohemia, no ocurre lo mismo con la de los años anteriores, que está aún en un proceso de expurgo tras el cual lo que no sea eliminado será trasladado al archivo histórico. Para consultar estos expedientes, de hecho, los funcionarios del cuerpo de Auxilio Judicial solo pueden acceder al sótano de Prendes Pando los viernes a las once de la mañana, único día y hora a la que se abren las puertas del edificio abandonado. Fuentes de la Dirección General de Justicia señalan que el traslado del archivo concluirá en torno al 2 de abril, por lo que a partir de esa fecha el inmueble quedaría liberado de toda función.

Será entonces cuando entre en juego la labor de Hacienda. La consejera Dolores Carcedo anunció hace un año en una respuesta parlamentaria que la intención del Principado era «iniciar un procedimiento de enajenación mediante subasta pública». El Principado optaba por esta solución después de haberle ofrecido al Ayuntamiento de Gijón la posibilidad de hacerse con él, bien a través de una permuta, esto es, a cambio de otras propiedades de titularidad municipal, o directamente con una operación de compraventa. Pero el gobierno local rechazó esta oferta, principalmente por el elevado precio en el que Hacienda tasó el inmueble: 11 millones de euros. Ahora, una vez finalice el traslado de los archivos, Patrimonio iniciará finalmente los trámites para convocar una subasta, si bien deberá definir si establece como precio de salida la misma cantidad que le pedía al Ayuntamiento o lo revisa al alza o a la baja.

En el informe económico financiero incluido en el anteproyecto de presupuestos regionales para 2014 -que fueron rechazados-, el Principado hacía una estimación de ingresos para este año por la venta de inmuebles patrimoniales de 20 millones de euros, si bien además de los antiguos juzgados de Prendes Pando incluía en su cálculo la enajenación de las dos sedes del Gobierno en Madrid y Bruselas -que en 2011 se ofrecieron por 29 millones de euros en una subasta que quedó desierta-, el albergue de Poo de Llanes o los antiguos apartamentos turísticos de Zureda, en Lena.

Costeado por los gijoneses

La venta del edificio judicial por parte del Principado no está exenta de polémica, toda vez que en su momento la obra fue sufragada por los gijoneses a través de la Junta Local de Protección de Menores, presidida por el alcalde y que se financiaba con la venta de la Rifa Pro-Infancia y con un impuesto del 5% sobre todos los espectáculos públicos de la ciudad. Entonces se concebía como un albergue con clínica infantil que serviría de complemento a la Gota de Leche y al Hogar Maternal e Infantil (hoy Casa Rosada) para la asistencia de los niños más necesitados. Las obras comenzaron en 1959, pero se pararon un año después por un desfase presupuestario, dejando el edificio incompleto. A principios de los años 70 las juntas de Protección de Menores desaparecieron y el Ministerio de Justicia, del que dependían, optó por convertir el inmueble en un palacio de justicia ante la saturación de los juzgados de Gijón, ubicados entonces en la Casa de Nava y la calle del 27 de Diciembre.

El catálogo urbanístico otorga a esta construcción una protección «ambiental documental», lo que implica que puede ser demolido por completo, siempre que antes se remita al Archivo Municipal de Gijón y a la Consejería de Cultura un informe fotográfico y documental que permita recordar su arquitectura interior y exterior, su historia y su importancia social. Si el comprador del inmueble opta por su derribo, la edificación que ocupe su lugar deberá mantener las alineaciones exteriores, esto es, su actual forma de manzana triangular, pero podrá aumentar su altura en un piso más. La normativa urbanística permite dedicar la parcela a uso residencial -ya sean viviendas, colegio mayor o residencia geriátrica- de forma exclusiva o combinada con comercios, oficinas, usos dotacionales u hospedaje.