Educación admite que desvió dinero de colegios al Bellas Artes, pero argumenta que es legal

La consejera de Educación y Cultura, Ana González, admitió ayer, tal y como había denunciado el PP a través de este periódico, que su departamento destinó recursos inicialmente previstos para colegios -976.000 euros, en concreto- a las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes. Pero, eso sí, remarcó que esa redistribución fue «legal» y que el objetivo era «adaptar» el desarrollo de las cuentas de 2013 a la realidad del día a día. González, que presumió de una «correcta» gestión, añadió que esa cantidad «se compensó» después puesto que al cierre del ejercicio el esfuerzo inversor en los centros había sido superior al presupuestado. Explicaciones que no convencieron ni a los populares, ni a Foro, que en una sesión parlamentaria por momentos tensa hicieron una enmienda a la totalidad de su labor.

González, pues, dio por válido ese movimiento de recursos advertido por el PP, si bien se esforzó en despejar las sombras de duda lanzadas por los populares. Explicó ese trasvase en el hecho de que los proyectos inicialmente beneficiados por esos recursos estaban «ralentizados» y que, en caso de no llegar a utilizarlos, a final de año «se hubieran perdido». Presentó además como una ventaja que el dinero se destinase a la certificación de las obras de la pinacoteca dado que, de no ser así, ese coste se hubiese transferido al año 2014, con las consiguientes consecuencias negativas en un año inevitablemente marcado por la prórroga presupuestaria.

Añadió la consejera que esa retención de fondos a los colegios habría de «compensarse» al cierre del ejercicio, en la medida en que el esfuerzo final de gasto del departamento fue, dijo, notablemente superior a lo presupuestado. En este sentido, destacó que, al terminar 2013, su departamento había movilizado unos ocho millones de euros adicionales. El nivel de ejecución alcanzó el 98%, apostilló, achacando las críticas «al desconocimiento o la mala fe».

La consejera también se enfrentó a sucesivas preguntas de Foro y PP respecto del gasto de 6,4 millones de euros en diciembre en obras en centros educativos. Negó que la demora en la transferencia de esas partidas a los colegios tuviera que ver con la improvisación, una crítica unánime de los grupos de oposición, y lo achacó a que su departamento no contara con esos recursos hasta entonces. Por cierto que parte del dinero, cuatro millones, llegó de una reducción del gasto en el pago de los intereses de la deuda a consecuencia de la bajada de la prima de riesgo y, por tanto, del menor coste de esos intereses. Algo que generó «sorpresa» entre algunos grupos por el hecho de que esa partida se liberara precisamente en diciembre, cuando la Consejería de Hacienda ya tenía confirmación extraoficial de que cerraría 2013 cumpliendo los límites de déficit y, por tanto, tenía margen para autorizar a otros departamentos gastos extra sin vulnerar la frontera de los números rojos.

Sobre los 6,4 millones en sí, rechazó todas las críticas. Aseguró que si buena parte de las asignaciones a los centros eran en cifras 'redondas', en muchos casos de 60.000 euros, es porque en la planificación de los proyectos se juega con estimaciones y no con cantidades exactas. Negó un reparto arbitrario con el argumento de que se priorizaron aquellas actuaciones más urgentes atendiendo, básicamente, a las necesidades de seguridad y confortabilidad de los colegios. Y combatió las sospechas del PP de que se podrían haber fraccionado contratos en obras menores para evitar los mayores controles que implican los proyectos de superior cuantía.

«Gestión incompetente»

Sus palabras no le evitaron una oleada de reproches. Manuel Peña, de Foro, habló de una gestión «incompetente» y de un reparto de fondos «sin control». Susana López Ares, del PP, criticó un presupuesto «mal ejecutado» y recordó los antecedentes del 'caso Renedo' y los episodios de posible fraccionamiento de contratos ligados a ese escándalo ahora en sede judicial. Y tanto Emilia Vázquez, de IU, e Ignacio Prendes, de UPyD, hablaron de improvisación y falta de planificación en alusión a los 6,4 millones ya citados.

Que el 'caso Renedo' apareciese en escena sentó muy mal a Ana González, que habló de maniobras «indignas» para vincular el escándalo de supuesta corrupción con su departamento. Se erigió en responsable única de la gestión política de la consejería y aseguró, visiblemente irritada, que «afirmar que la consejería puede ser heredera del 'caso Renedo' es monstruoso».