Riego rectifica y será el juez quien ordene el desalojo de la familia de Candás

El alcalde de Carreño, Ángel Riego, rectificó sobre la resolución remitida el lunes a la familia de la vivienda del paseo marítimo de Candás, en la que ordenaba el desalojo urgente de su casa, afectada por un argayu ocurrido en marzo de 2013. Señaló ayer que se hará en virtud de lo que ordene el juez. Esta fue una de las explicaciones que dio a los portavoces de los grupos políticos en el transcurso de una reunión convocada para informar sobre el encierro iniciado por los propietarios de la vivienda.

Durante la junta, Riego facilitó algunos datos sobre las cuestiones formuladas por los ediles sobre la marcha del proyecto de estabilización de la ladera del monte Fuxa. Entre ellos, dijo que el coste de la obra rondará los 180.000 euros y que aún quedan algunos trámites pendientes antes de su licitación.

Según informó el portavoz del Partido Popular, José Ramón Fernández, en representación de los grupos políticos que asistieron -Foro, UICA, CA-UN y PCPE-, las cuestiones planteadas fueron varias. La primera de todas fue garantizar la seguridad de la vivienda y las otras dos, solucionar el problema del argayu y proceder con la reapertura al tráfico rodado del paseo.

En cuanto a la decisión del alcalde de ordenar el desalojo, desde el PP se concluyó que la resolución dictada «fue fruto de la improvisación y el desconcierto». Para el edil popular, «es evidente que si la única forma de sacar a la familia de su casa es en virtud de una orden judicial, huelga y no tiene efectos legales entonces que el alcalde dicte la orden, aunque así lo hizo».

El resto de las cuestiones requeridas por los partidos políticos giraron sobre el proyecto técnico. Sobre este asunto, Riego únicamente se limitó a explicar que todavía quedan asuntos pendientes y declinó ofrecer más detalles al respecto. Tampoco quiso hablar sobre los plazos previstos para la ejecución de los trabajos de estabilización de la ladera, pese a la reiteradas peticiones de los partidos políticos a que actuara con la mayor urgencia. En su comparecencia ante los portavoces municipales, el regidor recordó que, de acuerdo con la vigente ley de contratos, únicamente se puede dar publicidad de éstos si superan los 200.000 euros de inversión. Con esta puntualización, quiso dejar claro que facilitará solo aquella información que sea legalmente necesaria.

«Una salvajada hacerles pagar»

El debate se centró también en aquellos asuntos en las que podrá haber una responsabilidad municipal en las actuaciones previstas. En este sentido, al parecer, el secretario municipal reconoció que con las resoluciones notificadas hasta ahora a la familia no sería posible reclamarles el pago del coste de las obras. El motivo es que dichas notificaciones son «apercibimientos» en los que no se ha cuantificado lo que cuesta al Ayuntamiento la realización de dichos trabajos. Según el portavoz del PP, durante las exposiciones jurídicas «el secretario dijo textualmente que le parecía una salvajada hacer pagar a la familia cerca de 200.000 euros». Fernández concluyó que la reunión sirvió para comprobar que Riego «no sabe qué hacer cuando finalicen las obras».