El Gobierno admite que la reorganización de la RTPA apenas supondrá ahorro

El segundo proyecto de ley de reestructuración del sector público asturiano, centrado casi exclusivamente en la RTPA, inició ayer su tramitación parlamentaria con una maratoniana sesión en la Junta General que evidenció la existencia de múltiples discrepancias en torno al mismo. El texto fue defendido por la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, que admitió que la reorganización del ente autonómico de comunicación apenas supondrá un ahorro para las arcas públicas en el corto plazo, marcando como principal objetivo la consecución de un organismo «más independiente, austero y controlado en sus cuentas, eficiente y moderno». El capítulo presupuestario fue el eje de las principales controversias, después de que el director general de la radiotelevisión, Antonio Virgili, informase de que los integrantes de los consejos de administración y comunicación perciben en concepto de dieta 800 y 400 euros por asistencia a cada reunión. Algo que está previsto modificar en la nueva ley, reduciendo la cuantía de estas aportaciones y en algunos casos eliminándola, si bien Izquierda Unida ya anunció la presentación de una enmienda que abogará por su directa y total supresión.

Las grandes líneas del proyecto de ley, el segundo tras una primera norma que, entre otras cosas, autorizó la venta de Sedes o la fusión del 112 y Bomberos, son las ya conocidas y anunciadas tras su aprobación por el Gobierno. Esto es, la unión de tres organismos -TPA, RPA y Productora de Programas- en uno solo y la desaparición de otro, el ente autonómico de comunicación. El nuevo modelo cambia la fórmula de gestión, con un mandato-marco de nueve años que establecerá las condiciones del servicio y que se desarrollará por la vía de los contratos-programa que delimitarán, entre otras cosas, la financiación. El consejo de administración pasa de tener 15 integrantes a 10 y el de comunicación, de 15 a 11. El mandato de ambos pasa de cuatro a seis años para, según el Ejecutivo, «reforzar su independencia respecto de la esfera política». Asimismo, se incrementa el control económico-financiero emplazando al nuevo organismo a fijar un límite de gasto anual y presentar una propuesta de reequilibrio en caso de superarlo.

Las finanzas de la RTPA, su coste, fue precisamente uno de los asuntos más polémicos de la sesión de comparecencias de ayer. El dato de los 812 euros por reunión -13 el pasado año- ingresados en dietas por los miembros del consejo de administración y los 400 percibidos por quienes forman parte del consejo de comunicación enfadó a IU, cuyos representantes en el primero de los entes, en el que está presente, renunciaron voluntariamente a esas percepciones.

Y aunque el proyecto de ley que ahora se debate contempla cambios, dado que suprime las dietas en el consejo de comunicación y las revisa -previsiblemente a la baja, aunque corresponderá a la Junta hacerlo- en el de administración, el portavoz de IU, Ángel González, anunció la presentación de una enmienda orientada a eliminar todos esos complementos.

Virgili, que había facilitado los datos sobre las dietas, informó también del coste que para la RTPA había tenido la readmisión de 22 de trabajadores con sentencias favorables de los tribunales que condenaban al ente por episodios de cesión ilegal. Unos 450.000 euros, señaló. Hay, añadió, otras dos o tres personas pendientes de ingresar en la plantilla por estas mismas causas y otros seis procedimientos judiciales abiertos.

También en términos económicos, Virgili explicó que la RTPA cerró 2013 con unos ingresos por publicidad de 1,2 millones que complementan los aproximadamente 20 de financiación pública que recibe para su funcionamiento. Una estructura mixta de gasto que el proyecto de ley contempla extender para los próximos años, añadiendo algunas vías adicionales de obtención de ingresos como el alquiler a terceros de las instalaciones pero sin reducir la aportación pública.

Estas explicaciones no convencieron a los grupos. A los argumentos de IU sobre las dietas se sumó el rechazo de UPyD al conjunto del proyecto, al entender que el Principado ha renunciado a emprender una verdadera reforma del sector público que hubiera generado un ahorro importante. «Es claramente insuficiente», opinó su diputado, Ignacio Prendes, que piensa que el Ejecutivo también ha incluido en el proyecto el cambio de objeto de la Sociedad Regional de Recaudación -la única medida ajena a la RTPA- para dar la sensación de que el texto tiene un alcance mayor del que en realidad presenta. Un argumento que negó Carcedo, que señaló que el objetivo de la reforma no es el ahorro en sí mismo sino la búsqueda de una mayor eficacia y eficiencia, aunque sí matizó que en el medio y largo plazo sí se conseguirá una cierta contención en el gasto por la vía, por ejemplo, de la supresión de contratos ahora duplicados.

Cambios en la licitación

Hubo más asuntos delicados. El Cluster Audiovisual, por ejemplo, criticó el excesivo tamaño de la estructura del ente de comunicación, que consume, según su criterio, excesivos recursos que podrían dedicarse a impulsar la producción audiovisual y, por tanto, a dinamizar el sector. Y Javier Cervero, en representación de la Asociación de Productoras de Televisión del Principado, instó a que la nueva ley corrija el sistema de contratación pública que, dijo, está hoy marcado por la «opacidad» en la medida en que apenas habría procesos de licitación y, por tanto, los contratos «suelen ir siempre a las mismas empresas». Un proceder que, a su juicio, ha acabado generando sobrecostes para las arcas públicas.

Foro, también muy beligerante, incidió a través de Juan Vega, uno de sus representantes en el consejo de administración, en el hecho de que el texto que se somete a debate contemple la exclusión del citado organismos de personas que ocupen cargos en partidos políticos. Una forma, dijo, de «hurtar» la vigilancia sobre la actividad del ente para que «el control se ejerza de forma directa desde la Presidencia del Principado».