La familia de Letizia, en apuros

Cuando los juzgados están más de moda que nunca, plagados de escándalos políticos y casos de corrupción, y con la permanente sombra del caso Noos revoloteando sobre la opinión pública, que ha puesto en el disparadero a Iñaki Urdangarin, salpicando a la infanta Elena y a la mismísima Casa Real, un nuevo frente judicial parece abrirse, en esta ocasión en Asturias y por parte de la familia de la Princesa Letizia. El juez de Cangas de Onís emitía ayer un auto en el que considera finalmente que la tía, el padre y la abuela de doña Letizia podrían haber incurrido en un delito de alzamiento de bienes, por lo que ordena la apertura de un procedimiento abreviado que, casi con total seguridad, derivará en un juicio contra el padre, la abuela y la tía de la Princesa de Asturias en los Juzgados de lo Penal de Oviedo.

El magistrado afirma que, una vez practicadas las diligencias previas y estimado el recurso presentado contra la decisión primera de cerrar el caso, se puede entender que Henar Ortiz -la tía de la Princesa-, administradora de la entidad Henarmonía, conocedora de la deuda de 22.600 euros que su empresa de decoración mantenía con la denunciante, realizó una maniobra -se tendrá que dilucidar si con conocimiento de su hermano y su madre o no- destinada a tratar de evitar el pago de dicha deuda: un juzgado de Oviedo había dictado en marzo de 2009 un auto de ejecución de la deuda contra la empresa y Henar Ortiz, que fue requerida «para que designara bienes bastantes sobre los que trabar el embargo e igualmente requerida para que manifestase si había procedido a la división y adjudicación de la herencia de su difunto padre».

Henar Ortiz presentó escritura notarial en mayo de 2009, en virtud de la cual los herederos -Henar, su hermano y su madre- aceptaban la herencia, pero decidían adjudicar a la viuda el pleno dominio del único bien dejado por el fallecido: una finca en Sardéu, en Ribadesella, vivienda habitual de la abuela de la Princesa y lugar ocasional de visita de los Príncipes de Asturias durante sus estancias en el Principado. El auto explica que la transmisión de su cuarta parte de la casa por Henar Ortiz a Menchu Álvarez del Valle tuvo lugar en 2009, y valoraron esa parte en 34.700 euros. Su hermano hizo lo propio con su parte, pero el juez observa que lo hicieron a sabiendas de que «ese bien tenía un valor considerablemente superior, puesto que había sido tasado recientemente en 554.507,20 euros.

La sospecha inicial tanto de la acusación como de la propia fiscalía es que la abuela y el padre de doña Letizia cambiaron la titularidad de la casa para salvarla de las deudas de Henar, y ahora el juez explica en su auto que «estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de alzamiento de bienes que merece incluirse por su gravedad en el ámbito del procedimiento abreviado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos existen indicios para imputar su comisión a María del Henar Ortiz, María Carmen del Álvarez Valle y Jesús Ortiz Álvarez.

Contra esta resolución se puede interponer un recurso de apelación en el plazo de cinco días, pero a no ser que haya algún defecto de forma importante, lo lógico es que el asunto acabe en los Juzgados de lo Penal de la capital asturiana, con la familia de la Princesa en el banquillo e imputados por el delito de alzamiento de bienes.