Siete chalés de Perlora, amenazados por la piqueta

Siete chalés agrupados en cinco edificios de la ciudad de vacaciones de Perlora se encuentran en estado de ruina y deben ser derribados. Esa es la conclusión que ha hecho el equipo técnico de la dirección general de Patrimonio, dependiente del Principado, que ha evaluado el estado de todos los inmuebles del complejo turístico.

Por esta razón, han remitido un informe al Ayuntamiento de Carreño para conocer qué condiciones establece el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del concejo y para que los servicios técnicos municipales puedan evaluar también los edificios. Así lo indicaron ayer fuente de la Consejería de Hacienda y Sector Público. Dicha precaución se adoptó porque todos los inmuebles del centro turístico cuentan con un nivel de protección medioambiental que debe ser respetado. Las mismas fuentes también aclararon que el vallado que se está instalando estos días en algunos chalés «obedece exclusivamente a motivos de seguridad en el interior del recinto y no a que se vaya a acometer derribo alguno».

«Pedimos claridad»

Por otro lado, el diputado del Partido Popular, Agustín Cuervas-Mons, visitó ayer la Ciudad de Vacaciones de Perlora y denunció los «incumplimientos» del Gobierno regional sobre los planes de futuro, en los que debe detallar qué destino quiere darle al recinto, cuáles son sus propósitos en cuanto a la explotación y qué plazos se marca en todo este proceso.

Pero las críticas más duras las realizó por «la falta de información» de la consejera de Hacienda y Sector Público, Dolores Carcedo. Según explicó, «en ningún momento mencionó la intención de acometer proceso alguno de demolición de las edificaciones y ahora nos enteramos que ésas son las intenciones». El también vicepresidente segundo de la Junta General afirmó que pedirá «claridad» y saber qué se va a hacer. «Que nos digan toda la verdad, porque los socialistas se están convirtiendo en los verdugos de la ciudad de vacaciones», manifestó.

El portavoz del PP en Carreño, José Ramón Fernández, dirigió sus denuncias al alcalde de Carreño, Ángel Riego, a quien acusó de otorgar un trato de favor urbanístico al Principado en la ciudad residencial. Su queja se ampara, según dijo, en no haber tramitado la denuncia presentada por su partido el día 19 de agosto. En ella se instaba al Ayuntamiento a que incoara el correspondiente expediente sancionador al Principado por incumplir la obligación de conservar las instalaciones del complejo turístico, «como ocurre con otros vecinos del concejo».

Fernández aseguró que dicha denuncia «nunca se tramitó, quedó olvidada en un cajón como una muestra más del trato privilegiado que otorga al Gobierno regional».