Luz verde a la séptima ley educativa con protestas y el único apoyo del PP

Después de año y medio de tensos debates, protestas dentro y fuera del hemiciclo, manifestaciones en la calle, huelgas generales en las aulas y un tortuoso trámite parlamentario, el Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la 'Ley Wert'. Y lo hizo sin sorpresas, es decir, sin consenso. Un mal endémico de las leyes educativas españolas que en esta ocasión fue más acusado que nunca. Solo respaldaron la normativa los 182 diputados del PP. Ningún otro partido se sumó a una normativa que cosechó 143 votos en contra (Foro Asturias incluido) y 2 abstenciones (UPN). De hecho, existe el firme compromiso de la mayor parte de la oposición de derogar la LOMCE cuando cambie el Ejecutivo. Una espada de Damocles que se une al anuncio del PSOE de recurrir la ley al Constitucional, algo que también pretenden llevar a cabo algunas comunidades como Asturias, Cataluña, País Vasco, Andalucía.

La prolongada ovación que los diputados del PP dedicaron al ministro José Ignacio Wert nada más aprobarse la séptima ley educativa de la democracia puso de relevancia la trascendencia de una de las normativas que más quebraderos de cabeza ha dado al Gobierno. «Espero que haya acabado el tiempo de destruir y empiece el de construir», aseguró el ministro refiriéndose a una cita bíblica en un intento por lograr la colaboración de las comunidades en la implantación de la norma. Algo nada sencillo teniendo en cuenta que algunas se han declarado insumisas. «Invitamos a toda la comunidad educativa para que el desarrollo de la ley consiga sus objetivos que son mejorar la calidad de la educación en España», explicó. Además, insistió en que no se plantea un retraso en la implantación: «Hay tiempo suficiente para su puesta en marcha el próximo curso».

Antes, Wert tuvo que superar una reprobación -en la que la vicepresidenta del Gobierno se confundió y votó a favor- y escuchar cómo 12 portavoces de los partidos anunciaban su voto en contra -la diputada de Amaiur lo hizo cantando- a una ley calificada de «retrógrada», «clasista» e «ideológica». Uno de los más contundentes fue el portavoz del PSOE, Mario Bedera, quien describió como «chapuza» toda la tramitación parlamentaria. «No nos avergüence más. Dimita y llévese del brazo su ley para que todos pensemos que se trata de un mal sueño», afirmó. El diputado socialista insistió en que la LOMCE no se va a poder aplicar «por razones económicas y técnicas». Y es que ahora deben elaborarse diversos reglamentos que complementen la ley y que ningún grupo está dispuesto a facilitar. De hecho, Bedera aseguró que el PSOE recurrirá la LOMCE ante el Tribunal Constitucional.

La Izquierda Plural centró su crítica en el mayor peso de la Religión, que ahora contará para media, repetir curso y acceder a una beca. «España es un Estado aconfesional. Deroguen los acuerdos con el Vaticano y hagan una ley laica», declaró la portavoz del grupo, Caridad García.

Por su parte, el portavoz de CiU, Martí Barberà, vaticinó que la ley «fracasará» porque no logró un acuerdo. Además, insistió en que la LOMCE «ataca al catalán y al modelo de inmersión lingüística». Más contundente se mostró el diputado de ERC Joan Tardá, al asegurar que la normativa «no se aplicará en Cataluña». Un ataque a las competencias autonómicas que también comparte el PNV. Su portavoz, Isabel Sánchez, reiteró la dificultad para que la 'Ley Wert' se aplique en el tiempo previsto.

Sin duda, la reforma educativa era una de las prioridades del Gobierno para tratar de reducir la elevada tasa de abandono escolar temprano de España (25%) y mejorar los malos resultados de los estudiantes en las evaluaciones internacionales como PISA. Sin embargo, la LOMCE no ha logrado convencer a la mayor parte de la comunidad educativa. Profesores, padres y alumnos han realizado dos huelgas generales, los rectores han mostrado su rechazo en reiteradas ocasiones.

Una de las principales novedades de la normativa tiene que ver con las evaluaciones externas al final de cada etapa educativa (Primaria, ESO y Bachillerato). La LOMCE también contempla modernizar la Formación Profesional y adelantar los itinerarios en 4º ESO, uno orientado hacia el Bachillerato y otro hacia la FP. El Gobierno también fijará el 100% de los contenidos de las asignaturas (Lengua, Matemáticas, Inglés, Historia o Geografía). Esta medida ha provocado el rechazo de algunas comunidades autónomas por considerar que invade sus competencias. Además, desaparece Educación para la Ciudadanía y se crea una alternativa a la Religión denominada Valores Culturales (Primaria) y Valores Éticos (Secundaria).

Oposición asturiana

Según el calendario aprobado, la LOMCE tardará tres años en implantarse, pero en Asturias se estrenó con protestas en varios centros educativos, algo ya habitual durante los últimos meses.

La consejera de Educación, Ana González, la saludó asegurando que el Principado utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para paliar sus «efectos negativos», aunque rechazó la insumisión que proponen algunos sindicatos, mientras que el senador Vicente Álvarez Areces defendió que se trata de una «reforma radical» inspirada en «ideología conservadora y neoliberal» que no atiende al interés general del país, además de no estar justificada por los resultados educativos de Asturias, mejores que los nacionales.