Los arqueólogos cargan contra la política del Principado sobre patrimonio cultural

La Asociaciónde Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA), que engloba a la mayoría de los profesionales del sector en el Principado, acaba de hacer público su descontento con la política en materia arqueológica que se lleva en estos momentos en el Principado, alertando de que «pone en peligro innecesaria y gratuitamente el patrimonio arqueológico de Asturias» y de que «está llevando a los profesionales a un grado de precarización sin precedentes». Aseguran los arqueólogos que además de la crisis, «que se ha cebado especialmente con los sectores de la construcción y las infraestructuras, de los que depende en buena parte nuestra actividad» y además de los recortes presupuestarios, «en el Principado de Asturias hay que añadir los perjuicios ocasionados por una cambio radical en la política en materia arqueológica», que consideran motivada exclusivamente por motivos «políticos».

Añaden que «en el último año se ha ido afianzando, convirtiéndose en práctica habitual de la Dirección General de Patrimonio, la toma de decisiones lesivas y arbitrarias para el ejercicio de la arqueología, que en no pocas ocasiones contravienen de forma flagrante lo prescrito por la Ley de Procedimiento Administrativo y la normativa patrimonial y medioambiental». Añaden que «la responsabilidad principal de esta situación recae en la dirección del Servicio de Patrimonio Cultural, que parece haber olvidado que su principal función no es otra que velar por la protección, difusión y conservación del patrimonio cultural».

Una de las manifestaciones más evidentes, explican, es «la transformación sufrida por la Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural, cuya función asesora se ha ido tornando en fiscalizadora-para mayor gravedad centrada particularmente en la actividad de ciertos arqueólogos-, excediendo así sus competencias». Les acusan de tomar decisiones «dañinas e injustas para el ejercicio profesional y la protección del patrimonio», y ponen varios ejemplos sobre los que se vienen quejando a laAdministración regional desde hace tiempo, «quejas que han sido sistemáticamente ignoradas y que, si siguen sin ser tenidas en cuenta, tomaremos las medidas que sean necesarias para defender el libre ejercicio de la profesión y los derechos de nuestros asociados.

Entre las deficencias que denuncian públicamente están «los grandes retrasos» en la tramitación de permisos, injustificados a su juicio, de los que depende la ejecución de obras o actuaciones, «lastrando además la ansiada recuperación económica de la comunidad». También «la modificación de forma gratuita y sin fundamentar de las medidas preventivas y correctoras recogidas en varios estudios de impacto ambiental». Añaden que «se tolera e incluso se favorece la ausencia de control en entornos de yacimientos arqueológicos, bienes de interés cultural u otros lugares» en los que la ley exige un seguimiento. También aseguran tener constancia de que «se sigue influyendo, de forma más o menos directa, en la opinión de promotores públicos y privados en lo que se refiere a la posibilidad de contratar a determinados profesionales concretos en detrimento de otros», algo que califican como «censurable e inaceptable».

Finalmente, hacen mención a «los problemas que genera la ausencia de una reglamentación clara en la entrega de materiales al Museo Arqueológico de Asturias, cuya tramitación queda al arbitrio variable del técnico encargado de recibir los mismos», así como la ausencia de «actas de recepción» en dichas entregas.