La delincuente del piano

Laia Martín puede convertirse esta semana en una delincuente del piano, consagrada a hacer el mal a base de sonatas y conciertos. Ayer arrancó en la sección cuarta de la Audiencia de Girona el juicio contra esta insólita criminal de la música y sus padres, que según el fiscal la «alentaron y ayudaron activamente» en su actividad ilegal. El ministerio público y la acusación particular coinciden en solicitar unas penas que dan una idea de la gravedad del caso: siete años y medio de cárcel, cuatro años de «inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión u oficio relacionados con el uso de pianos» y más de 42.000 euros en indemnizaciones.

Cualquiera diría que Laia Martín se ha dedicado a arrojar pianos de cola desde un ático para aplastar a los viandantes, pero en realidad los hechos por los que la están juzgando son mucho más convencionales: Laia se limitaba a tocar. Y no lo hacía mal, a juzgar por las calificaciones con las que obtuvo el título superior en el Conservatorio del Liceu y por su exitosa carrera posterior como concertista. Los ensayos de la pianista, imprescindibles para avanzar en su dominio del instrumento, se convirtieron en una cruel tortura para otra residente de su bloque, que vio cómo su salud se iba resintiendo con cada acorde, cada nota, incluso cada silencio, cargado siempre de la amenaza de nuevas músicas. Según su abogado, ni siquiera soporta ver un piano.

El conflicto vecinal arrancó en octubre de 2003, cuando los padres de Laia le compraron un piano para que practicara en su piso de Puigcerdà. Según el escrito del fiscal de Olot, empezó a ensayar cinco días por semana, mañana y tarde, de nueve a una y de dos a seis, sin que la habitación estuviese insonorizada. La vecina, Sònia B., acudió al Ayuntamiento en 2006 para denunciar a la familia y, siempre según el ministerio público, los responsables municipales visitaron la casa en cuatro ocasiones y requirieron la correspondiente insonorización, en vano. Algunas mediciones alcanzaron los 46 decibelios, cuando, al tratarse de una 'zona de sensibilidad acústica alta', la normativa catalana autoriza máximo 30.

Laia y sus padres están acusados de un delito contra el medio ambiente y de causar lesiones psíquicas a su vecina, que sufrió un «trastorno adaptativo con síntomas de ansiedad» del que el fiscal enumera más de una docena de manifestaciones, desde la alteración del sueño hasta los problemas en la gestación de su hijo. Sònia estuvo medio año de baja e incluso decidió mudarse temporalmente a una casa en Galicia. En septiembre de 2007, fue la familia de Laia Martín quien se trasladó.

El abogado defensor, que pide la libre absolución de sus clientes, ha manifestado en repetidas ocasiones su estupor ante la situación, ya que considera «un grave error» equiparar los ensayos de una estudiante de música con el ruido de una discoteca, no ve «proporcional» la pena solicitada y cree que el caso debería haberse tramitado por la vía civil o administrativa. No es la primera vez que las dos partes se ven las caras ante un tribunal, ya que hubo un juicio después de que Sònia y su esposo denunciaran a la familia de Laia por amenazas. Los Martín fueron absueltos.

Ayer, en la primera de las cuatro jornadas del juicio, el letrado rechazó que la pianista tocase cinco días por semana, ya que de lunes a miércoles asistía a sus clases, en el conservatorio de Manresa y en el barcelonés del Liceu. También explicó que los registros de sonido más elevados acabaron anulándose, por problemas de calibración de los aparatos, con lo que la medición más alta excede el máximo autorizado en solo un decibelio. Laia, que ahora tiene 28 años, asegura que la habitación donde ensayaba fue insonorizada en dos ocasiones, pero eso no sirvió para aplacar la «obsesión» de su vecina.