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CHELO TUYA
Sábado, 9 de noviembre 2013, 04:36
«De ninguna manera va a haber un cierre de servicios sociales, como se está diciendo. No va a pasar y lo vamos a comprobar. Porque hay una posibilidad de acuerdo potenciada desde el Gobierno para que la comunidad autónoma, que es la competente y garante, insisto, competente y garante, de los servicios sociales llegue a un acuerdo con los ayuntamientos para que puedan seguir prestando esos servicios. Pero con una financiación».
Al secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, le esperaban ayer en Oviedo los representantes de todas las entidades sociales de la región. Todas fueron invitadas a una reunión organizada por el Ayuntamiento de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe y todas llegaban con la misma duda: los problemas que la reforma del régimen local traerá para la financiación de sus entidades, toda vez que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes perderán sus competencias de servicios sociales.
Moreno aseguró a los asistentes -entre los que se encontraban los directores de Cáritas, Proyecto Hombre, ONCE o Aspaym- que «los servicios sociales no van a desaparecer de los municipios», e insistió en que la ley «lo que trata es de reordenar las competencias y que cada uno asuma la que le corresponde. Si las competencias son de la comunidades autónomas, son ellas las que tienen que financiar». El portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad explicó que la fórmula que recoge el texto legal -rechazado por la mayoría de los ayuntamientos, incluso por algunos gobernados por el PP- garantiza que no haya cierres «mediante un acuerdo, que puede hacerse en el plazo de dos o cinco años, entre ayuntamientos y comunidades autónomas».
«Hemos acortado la espera»
Igual de contundente se mostró al asegurar que el Ministerio «no debe nada» al Principado en materia de dependencia. Juan Manuel Moreno aseguró que «el Gobierno de España es la Administración que más fielmente paga sus compromisos» y, en el caso concreto de Asturias, «de manera puntual y mensual le llega la asignación que, además, firmo yo. No hay ningún tipo de retraso ni ningún ajuste».
Sí concedió que «hemos reformado la ley», pero aseguró que lo hicieron «a petición de las comunidades autónomas, porque no todas tenían capacidad financiera». En su opinión, la ley «se hizo un poco precipitadamente, sin tener en cuenta el marco que nos tocó vivir, de crisis económica».
Defendió la reforma, como «absolutamente razonable», con prioridad «para el que más lo necesita, los dependientes más severos, que están en cama y no pueden salir». Aseguró que dejar fuera del sistema «a los casos más moderados», a permitido «desbloquear el colapso de la ley. Cuando llegamos nos encontramos a 300.000 dependientes en lista de espera. Hoy se ha rebajado en un 30%».
A los cambios introducidos, como recortar el salario al cuidador familiar y dejar de abonar la cuota a la Seguridad Social -«que nos costó 1.034 millones este año»- achaca el «haber conseguido incentivar a un sector económico y laboral, como es el de los servicios sociales, que ha empezado, por primera vez en los últimos años, a generar empleos».
De hecho, aseguró que ya no habrá más recortes, «ya que el periodo de ajustes ha quedado atrás. Estamos en un momento de consolidación», hasta el punto de que augura que, tras los cambios, «saldrán
unos servicios sociales más eficientes». Porque recordó que «hemos conseguido evitar duplicados, que no figuren fallecidos en las listas de espera. Tenemos un sistema más sensato, eficiente y claro».
Enfermedades raras
En su repaso a otras materias de su competencia, se felicitó por el hecho de que, «aunque tenemos un caso pendiente, Asturias es una de las pocas regiones sin víctimas de violencia de género este año», a la vez que apuntó la inclusión de Oviedo en el proyecto piloto de racionalización de horarios que el Ministerio está llevando a cabo en once ciudades españolas. «No tenemos unos horarios como países de nuestro entorno, somos menos productivos y tenemos menos tiempo para conciliar la vida laboral y familiar. Y eso tiene un coste para las mujeres, que es en las que se carga el peso».
Además de reunirse con las entidades sociales, el secretario de Estado inauguró el XXIX Congreso Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Allí anunció que en Burgos «han comenzado el curso de formación en enfermedades raras», para lograr «una evaluación común». Además, habrá «un registro epidemiológico único» y un «mapa de unidades de experiencia», encargadas de ayudar a las familias con personas con enfermedades raras.
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