El PSOE dice que la familia desalojada en Candás estaba obligada a asegurar el monte

El PSOE de Carreño señala a la familia afectada por el argayu del paseo marítimo como responsable de que éste se cerrara al tráfico rodado al estar obligada por una sentencia al mantenimiento de la ladera en condiciones de seguridad con periódicas labores de saneamiento. Así lo reveló anteayer la portavoz, Amelia Fernández, en el transcurso de la sesión plenaria cuando se debatía una moción de PP y Foro para apoyar a la familia Vázquez Prendes frente al hostigamiento y acoso que, según señalan, está recibiendo por parte del gobierno local.

Durante su transcurso, Fernández señaló que esta obligación legal fue ocultada por los afectados, haciendo creer que las empresas que ejecutaron trabajos en los terrenos colindantes hace unos años y que fueron condenadas eran las que debían ejecutar la sentencia. Como prueba de ello, explicó que ya en un auto del juzgado fechado el 12 de septiembre de 2006, confirmado por otro de la Audiencia Provincial el 12 de julio de 2007, se señala que los afectados cobraron 21.500,95 euros para hacerse cargo de las labores anteriormente señaladas. Una información que, según reiteró, habían tenido acceso el mismo día de la celebración del Pleno.

La portavoz socialista acusó a PP y Foro de actuar irresponsablemente tanto en el aspecto humano como político en este asunto, y subrayó que las actuaciones del gobierno local se realizaron, en todo momento, en defensa del interés general.

Esta exposición del partido en el Pleno no convencieron a la mayoría de la Corporación, que se pronunció a favor de la propuesta de PP y Foro, con excepción de UNA-Compromiso por Carreño, que se abstuvo en la votación. El argumento esgrimido por su portavoz, Roberto Holgado, fue que ante un dictamen técnico de los juristas municipales como el expuesto no se podía poner en tela de juicio.

Mientras tanto, su homologo del Partido Popular, José Ramón Fernández, calificó los argumentos socialistas de «bochornosos», y sostuvo que acusar a los afectados «es de locos». Recordó que el Ayuntamiento dispone, entre fondos propios y la subvención autonómica recientemente otorgada, de 390.000 euros para arreglar los argayos del paseo marítimo y ahora «sigue sosteniendo que es cosa de la familia desalojada».

Fernández añadió que el PSOE se escuda en el auto que reconoció a la familia el derecho a cobrar 21.500 euros para realizar las labores de conservación básicas que afectan a la seguridad de su casa, pero indicó que el argayo actual no tiene nada que ver con eso. «Por otro lado, nos parece ridículo decir que un particular tiene la responsabilidad de reparar el argayo y reabrir el paseo marítimo», concluyó.

En la moción aprobada por el Partido Popular, Foro Asturias, IU, UICA, CA-UN y PCPE, se insta al gobierno municipal a deje de hostigar a la familia afectada y facilite toda la información a los partidos políticos en relación con el cierre del paseo marítimo. También exige al alcalde que aporte soluciones para abrir al tráfico el paseo y retome las demandas para que el Principado cumpla con el acuerdo plenario sobre las condiciones exigidas para la cesión de la travesía de la AS-239a.