Declaran improcedente el despido de la exjefa económica de la EMA

Los juzgados de lo Social de Gijón han declarado improcedente el despido de la exjefa del área económica administrativa de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Begoña Fernández Espasande. Fuentes jurídicas aseguraron a EL COMERCIO que la demandante ha llegado ya a un acuerdo con los actuales gestores de la sociedad pública en virtud del cual recibirá una indemnización de 75.000 euros. Fernández Espasande fue la responsable de las secciones de personal, compras, costes, facturación, atención al cliente, contabilidad y calidad de la sociedad pública durante casi doce años.

La exjefa económica de la EMA fue despedida de forma fulminante el pasado mes de julio junto al hasta entonces jefe de los servicios técnicos, Javier Tagarro Díaz. La actual dirección de la compañía pública tomó esta decisión por las supuestas irregularidades en la contratación y facturación de obras y trabajos que han llevado recientemente al exgerente de la EMA Luis Alemany y a la exedil socialista de Medio Ambiente Dulce Gallego a declarar como imputados ante el juez. De hecho, ambos exdirectivos eran los técnicos que integraban siempre las mesas de contratación junto con Alemany en al etapa en que éste dirigía la empresa. A la exresponsable económica se la acusó también en su momento de ocultar supuestamente información de obligado cumplimiento a una empresa auditora y a la propia EMA.

Todo está conectado con la supuesta ejecución irregular del contrato de pequeñas obras de reparación, renovación y ampliación de redes. Un contrato marco paralizado a mediados de 2012, al amparo del cual la empresa Suymcoplas ejecutó en los tres primeros años de vigencia obra por un importe que era un 210% del adjudicado para ese periodo. Una auditoría encargada por la empresa detectó además la supuesta facturación doble de pequeñas obras de reparación por importe de 239.321 euros. En estas obras se facturaba de forma sistemática, al parecer, una serie de horas de peón, de oficial y de camión cuyo servicio estaba ya incluido dentro de la definición del coste de los trabajos. Igualmente se detectaron facturas de trabajos que no eran supuestamente objeto del contrato, como la limpieza de sumideros, por 321.451 euros, así como el pago de unidades de obra a un coste hasta cinco veces por encima del valor real de mercado.

Javier Tagarro también ha presentado demanda de despido improcedente contra la EMA que aún está pendiente de sentencia.