El Principado recurre al Constitucional la ley de costas y reclama a Hacienda más déficit

El Gobierno asturiano arrancó ayer el curso político intentando marcar la agenda y en su primera reunión tras las vacaciones lanzó dos iniciativas de calado. Por un lado, el anuncio de la próxima presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de costas impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Por otro, el traslado de un requerimiento al Ministerio de Hacienda -el pasado viernes- en el que se insta a su titular, Cristóbal Montoro, a dar marcha atrás en el reparto de los objetivos de déficit entre la administración central y las comunidades autónomas. De no ser así, el Principado actuará por la vía contencioso-administrativa.

Asturias será, tras Andalucía, País Vasco y Canarias, la cuarta comunidad en acudir al Constitucional para impugnar la ley de costas. El Ejecutivo sustenta su recurso en una «subordinación intolerable de las competencias autonómicas», en las que la ley «se inmiscuye de forma ilegítima», en palabras de la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, encargada de presentar la iniciativa. Se produce, agregó, una «injerencia clara e inaceptable» en la capacidad de decisión del Principado.

El Ejecutivo pone pegas a la ley más allá de lo formal y entra también en el contenido. Fernández habló de una normativa que conduce a la «degradación» del ecosistema costero, que pasa a ser tratado como «una mercancía para el aprovechamiento y beneficio de unos pocos». Según su criterio, se reservan «de forma arbitraria» determinados enclaves «para favorecer la actividad privada» buscando «un aprovechamiento lucrativo» y «consolidando privilegios» en contra del interés de la mayoría.

Señaló la responsable de la política medioambiental del Principado que el impacto de esta ley será «limitado» en Asturias en la medida en que, aseveró, los sucesivos gobiernos regionales han hecho de la protección de la costa una de sus señas de identidad. Pero, con todo, planteó una doble línea de actuación. Como medida más inmediata, ese recurso judicial buscando la paralización de la normativa. Y, más a medio plazo, un plan especial de suelo no urbanizable de costas para «blindar» el litoral de las prácticas que el gabinete socialista cree lesivas y perniciosas.

En lo tocante al reparto de los objetivos de déficit entre el Gobierno central y las autonomías, la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, confirmó el traslado de ese requerimiento a Hacienda en el que se insta a rectificar una distribución «injusta y desequilibrada». De no producirse ese cambio habrá recurso contencioso-administrativo, el mismo que se presentará más adelante contra el reparto 'a la carta' del déficit ya entre las propias comunidades. También aquí habrá, pues, frente judicial.

Según los cálculos del Principado, la senda de déficit fijada por el Gobierno para Asturias para 2013 (1,06% del PIB), 2014 (1%), 2015 (0,7%) y 2016 (0,2%) no se ajusta a los principios de la ley de estabilidad presupuestaria. Esos porcentajes deberían ser del 2,5%, 2,2%, 1,6% y 1,1%, respectivamente, y permitirían al Principado un gasto adicional para este año de más de 300 millones sobre lo previsto y de unos 250 el próximo.