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Asturias

Almeida: «Pelearemos con uñas y dientes en la fase de alegaciones»

La hostelería saluda la voluntad de dialogo del Principado pero anuncia que defenderá sus demandas. La UCE tacha su postura de «victimista»

J. FERNÁNDEZ

Sábado, 24 de agosto 2013, 02:44

La hostelería asturiana, «un sector bastante afectado por la crisis», está convencida de que las nuevas restricciones al consumo de alcohol que incluye el borrador de la Ley de Drogas pueden dejarla en una situación muy complicada. El sector ha celebrado que la edad mínima para ingerir bebidas alcohólicas suba de los 16 a los 18 años pero no está de acuerdo con el resto de medidas y defenderá su postura. «Pelearemos con uñas y dientes en la fase de alegaciones», destacó ayer José Luis Álvarez Almeida, coordinador de la Mesa de Turismo de Fade, que engloba a las principales asociaciones de hotelería y hostelería de la región.

Entorno a las dos de la tarde se reunió directamente con el consejero de Sanidad, Faustino Blanco, quien se encargó de explicarle cómo tiene pensado llevar a la práctica algunas de las medidas que figuran en el borrador. Aunque la mayor parte de las conversaciones giraron en torno al alcohol, también se trataron otros cambios referentes al consumo de cigarrillos.

La postura que mantienen los hosteleros desde que se conociesen los planes del Principado, hace prever una fase de alegaciones caliente en la que, a juzgar por la postura que han mostrado los distintos grupos con respecto al anteproyecto, el debate será intenso. La Consejería de Sanidad, por su parte, ya ha anunciado que escuchará y valorará todas los opiniones y hará un esfuerzo por reformar los aspectos más problemáticos en favor del consenso.

Apoyo de los consumidores

Pese a que el borrador ha recibido muchas críticas, también ha generado un importante apoyo por parte de sectores como los profesionales sanitarios. La Unión de Consumidores del Principado (UCE Asturias) se unió ayer a ese respaldo y cargó, además, contra los hosteleros. «No existe un cuerpo inspector y las denuncias provienen generalmente de usuarios o agentes de las fuerzas de seguridad. Si la administración realizase un control exhaustivo para hacer cumplir la ley antitabaco, las multas aumentarían un 90%», destacó Dacio Alonso, presidente de la organización, quien rechazó el «discurso victimista» de los empresarios y puso en duda que los establecimientos vayan a recibir unas sanciones contra las que se ha levantado el sector. Criticó también la petición de lograr una «legislación más benévola», realizada en los últimos días alegando que el Principado es una de las comunidades autónomas donde la normativa antitabaco se aplica de una manera más rigurosa.

Está de acuerdo, no obstante, con que hay otros ejecutivos regionales que tienen «una tolerancia tremenda» con los infractores, pero rechaza que ese sea el camino a seguir ya que, a su juicio, «lo principal es lograr una sociedad cada vez más sana». Y en favor de ese objetivo, sostiene Dacio Alonso, «los hosteleros tienen que implicarse y no ser consentidores». Hace también hincapié en que según las encuestas las medidas que persiguen establecer espacios libre de humo cuentan con un amplio respaldo social: «Solo el 7% de los asturianos está en contra de la ley antitabaco y el 86,5% piensa que contribuye a mejorar su salud». La opinión de los ciudadanos y los beneficios de acorralar a los cigarrillos deben empujar a los distintos gobiernos a «apretar cada vez un poco más para que el criterio que prime sea la salud pública».

«Mucho que mejorar»

UCE Asturias comparte los objetivos del borrador y celebra que el Principado «lidere la promoción de la salud pública» en el país. Recalca, no obstante, que el documento «tiene que mejorarse mucho», una tarea en la que tiene que implicarse «toda la sociedad». «La conducta represiva no va a ser suficiente», comenta Dacio Alonso para dudar después de nuevo que las multas -pese a lo escandaloso de cuantías que pueden llegar a los 600.000 euros- vayan realmente aplicarse: «Para que se cumpla la ley tiene que haber una inspección sistemática, que es lo que nos falta».

Además de las sanciones, dice, han de ponerse en marcha «políticas preventivas y educacionales» y lograr que todos los habitantes de la región se movilicen para cambiar los hábitos de consumo.

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