La Junta reprueba a ocho ex altos cargos por el 'caso Renedo'

Necesitó casi un año desde su constitución y 60 comparecencias, pero la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Renedo' logró ayer un dictamen final. Todos los partidos salvo el socialista aprobaron un informe que, en 68 páginas, intenta describir qué pasó en la mayor trama de corrupción detectada en Asturias, quiénes serían sus responsables y cómo se podría evitar caer de nuevo en el error.

Mediante el dictamen, la Junta General reprueba a ocho altos cargos de la Administración de Vicente Álvarez Areces, entre los que se cuentan el propio expresidente, tres exconsejeros, tres ex directores generales y un secretario general técnico. La responsabilidad se centra así en las consejerías de Educación de 2003 a 2010, Cultura en el periodo 2003-2007 y Administraciones Públicas (2007-2010). Las dos últimas estuvieron dirigidas por Ana Rosa Migoya y en ellas concluye la comisión que se dieron irregularidades «a consecuencia de haber instrumentado unos mecanismos de control interno de carácter puramente formalista y burocrático». Un sistema de control interno «eficaz debería haber descubierto o imposibilitado de manera anticipada la operativa de fraude utilizada por la funcionaria» Marta Renedo.

Educación la comandaban José Luis Iglesias Riopedre y María Jesús Otero. Repasando lo sucedido, el informe argumenta que hubo aquí «una trama de intereses». Las «irregularidades se encontrarían concentradas en el ámbito de los contratos menores, negociados sin publicidad y los homologados»; estos amaños generaron «un oligopolio de suministradores», falseando los principios de libre competencia y concurrencia y ocasionando «un evidente perjuicio al patrimonio público».

Entiende la comisión que los empresarios de Igrafo y APSA reconocieron dichas adulteraciones, «si bien aludiendo a objetivos facilitadores, de agilidad o de eficacia». A juicio de los diputados, «esta pendiente resbaladiza terminó derivando de manera inevitable en actuaciones fraudulentas de mayor calado». «La comisión por tanto reconoce fallos en los factores de ética e integridad de los altos cargos» del departamento.

Existe un tercer escalón de responsabilidad que describe «la actuación poco diligente por parte de responsables políticos una vez que son conocidos datos ciertos que apuntan a la posible comisión de irregularidades». En este capítulo el informe contrapone la iniciativa mostrada por Migoya al encargar una investigación sobre las irregularidades que atañían a Renedo, con lo manifestado por Herminio Sastre, sucesor de Riopedre en Educación y quien no hizo un análisis parecido «en defensa del interés general».

En el capítulo de recomendaciones, se insta al Gobierno a publicar «toda» la información sobre los contratos, por menores que sean e incluyendo a las empresas que aspiraron al encargo. También se pide elaborar una herramienta que permita a los ciudadanos comprobar las adjudicaciones acumuladas por cada contratista. El informe pide igual luz a cuantos reparos ponga la Intervención General a los expedientes de gasto, y a las sentencias en las que sea parte. De aplicar el dictamen, la web del Principado debería reflejar «la información sobre las retribuciones e indemnizaciones percibidas por los empleados públicos» así como el dinero destinado a campañas institucionales. El documento estima necesario un código de buen gobierno que aclare a los empleados públicos cómo han de ser sus relaciones con los proveedores. Los comisionados sospechan además de la veracidad de 21 contratos por valor de 562.551,24 euros e instan al Principado a averiguar si son ficticios.

El Grupo Socialista formuló un voto particular, calificando el dictamen de «simplista», «tendencioso», «erróneo», «partidista» y «arbitrario». La formación en el Gobierno entiende que la oposición extrae conclusiones «sobre una muestra no representativa» de expedientes y lanza reproches «obviando los más elementales procedimientos de defensa». En su texto alternativo, los socialistas creen que a la hora de marcar reprobaciones el error «más significativo» es el de asimilar a Migoya con Renedo, esto es, a la denunciante y la denunciada. Hacer responsable al presidente o los consejeros «del comportamiento inadecuado o irregular de todo el personal de la Administración bajo su responsabilidad» supone una penalización que «puede provocar la mayor inestabilidad del sistema democrático», advierte la formación discrepante.

Por su parte, Foro apoyó al dictamen, pero con un voto particular que pide «detallar» las responsabilidades de Areces y ampliar la lista de reprobados a los exconsejeros Jaime Rabanal (Hacienda), Francisco González Buendía (Infraestructuras) y Ramón Quirós (Sanidad).