El profesorado será autoridad pública

Cuando vuelva a las aulas en septiembre, el profesorado asturiano tendrá la consideración de autoridad pública, lo que implica que, en caso de conflicto con algún alumno, gozará de presunción de veracidad. Así será en virtud de la aprobación, ayer, en la Junta General del Principado, del proyecto de ley presentado por UPyD que fue respaldado por Foro y PP y al que se opusieron PSOE e IU.

La ley de autoridad del profesorado, la primera que se aprueba a instancias de la formación magenta en un parlamento autonómico, ha generado discrepancias entre UPyD y el PSOE en el marco del pacto de legislatura. Y si los de Ignacio Prendes defendían la necesidad de reforzar la autoridad del profesorado desde el punto de vista del prestigio social, «pero también mediante instrumentos legales», los socialistas votaron en contra de la iniciativa tras ver rechazadas sus enmiendas, que pretendían eliminar del texto esa presunción de veracidad. Porque, según advierte el PSOE, no sólo se aplicará en el caso de los empleados públicos, sino también en el de los docentes de los centros educativos concertados y privados.

La nueva normativa que se aplicará en Asturias garantiza también que, en los casos de agresión física o moral a un docente, la reparación del daño incluirá la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos sin perjuicio de otras medidas correctoras o disciplinarias o de acciones legales.

Prendes tildó el desacuerdo con el PSOE como «un asunto puntual, pero no deseable», mientras que la consejera, Ana González, mostró abiertamente su discrepancia: «La autoridad es una autoridad social, profesional, de las familias y del alumnado. No tengo claro que, con ciertas medidas que no pasen por el respeto a la profesión y por el reconocimiento de que somos auténticos profesionales, que sabemos lo que hacemos, que tenemos una formación no solo suficiente, sino muy amplia, se pueda hablar realmente de autoridad del profesorado».

30 conflictos, 176 denuncias

González se oponía así, a la recomendación del fiscal de Menores del Principado, que explicó recientemente a EL COMERCIO que «una treintena de enfrentamientos entre alumnos y profesores llegan cada año a los tribunales asturianos».

Fernández Caldevilla se apoyó en esa cifra para urgir «una ley de autoridad del profesorado que acabe con una situación absurda» que se sufría hasta ahora en los centros educativos. «Un fallo en el ordenamiento», apuntó, «una paradoja» que consistía en que, «en el caso de las agresiones a los docentes de la enseñanza pública, al ser funcionarios, el agresor podía incurrir en un delito de atentado, mientras que, en el caso de los profesores de la concertada y de la privada, al no ser funcionarios públicos, estábamos ante faltas de amenazas o de lesiones».

«Espero que se legisle cuanto antes», había instado el fiscal Caldevilla, como recordó ayer mismo el sindicato ANPE, que calificó la jornada como «un día histórico para el profesorado asturiano», ya que, «con la aprobación de la ley se terminan años de impunidad en los que vejar, agredir, insultar, intimidar y difamar a un docente salía gratis».

En concreto, precisó la central, «desde 2006 se han registrado 176 denuncias falsas contra docentes, con el consiguiente daño psicológico, moral y, en ocasiones, físico».

Justo la posición contraria a la que defiende Comisiones Obreras ante una ley que ya poseen varias comunidades: «Más que una medida de reconocimiento es un placebo que encubre los recortes y que oculta los menguantes recursos para el ejercicio de la función docente. El verdadero reconocimiento del profesorado es que tenga medios».