UPyD propone una ley para proteger a los anónimos que delatan casos de corrupción

Tres exconsejeros, dos ex directores generales y cinco funcionarios declarados como «responsables» del mayor caso de corrupción conocido en el Principado. Una batería de ideas con las que iniciar «una estrategia de reformas que permitan recuperar la confianza perdida en la integridad de la actuación de las Administraciones Públicas». Con estos pilares, Ignacio Prendes, diputado de UPyD y presidente de la comisión de investigación del 'caso Renedo, confeccionó el primer borrador de conclusiones que mañana será sometido a debate parlamentario. Por lo pronto la portavoz de Foro Asturias, Cristina Coto, declaró ayer que «todo informe que excluya de responsabilidad política a Areces no tendrá el apoyo de Foro. El camino no puede ser que las conclusiones le pasen por alto».

El documento considera al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre «responsable político de las múltiples irregularidades» cometidas en su departamento y de «establecer un ineficaz entorno de control, adoptando una distribución anormal de las competencias». Su sucesor, Herminio Sastre, es señalado como «responsable político» por «no haber promovido actuación alguna para la investigación interna de los hechos». La ex directora general María Jesús Otero es «responsable política del mantenimiento de conductas irregulares y relaciones impropias con proveedores de la Administración». La exconsejera de Cultura y Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, lo sería por «las múltiples irregularidades cometidas por Marta Renedo» en los años en que trabajó «en puestos de confianza». La culpa «debe estimarse teniendo en cuenta que la vulneración de diferentes procedimientos administrativos se llevó a cabo mediante métodos simples y carentes de sofisticación alguna, que pudieron y debieron detectarse con antelación, desde el año 2003».

La esfera política incluye a Alberto Pérez Cueto, ex director general de Modernización, por «no haber actuado con diligencia en defensa del patrimonio público». El borrador sugiere una posible «responsabilidad penal por colaboración u ocultación documental», extremo que hasta la fecha no ha sido apreciado por el magistrado-juez que instruye la causa y que tiene a Pérez Cueto como testigo de la misma.

1,1 millones de dinero público

Marta Renedo encabeza el listado de responsabilidades en el escalón de los funcionarios por su papel en «la comisión de múltiples irregularidades». El informe cifra en 1,1 millones el dinero público del que supuestamente se atribuyó y detecta que «hay otro tipo de irregularidades en las que también interviene». La mano derecha de Otero, la exjefa de servicio C. C. S. «podría haber incurrido en una responsabilidad administrativa». El ex secretario general de las consejerías de Migoya, F. J. D. O., es funcionario pero aquí se le da por «responsable político por su actuación negligente y la inobservancia reiterada de sus especiales funciones». El último de los significados es el jefe de sección de Edificios Administrativos, L. G. S., de quien se apunta que «ha podido incurrir en responsabilidad administrativa por haber mantenido conductas irregulares y relaciones impropias con empresas proveedoras».

El documento contiene un listado de mejoras para evitar que ocurran nuevos casos como el ahora investigado. La más evidente es ampliar la publicación de los contratos que celebra la Administración. Prendes propone que cualquier ciudadano pueda consultar a través de internet todos los encargos que haga el Principado. Hasta ahora, la Administración autonómica publica las adjudicaciones por encima de los 5.000 euros. La mejora instada en el borrador sugiere crear un registro de contratos donde consultar cuántas adjudicaciones acumula cada empresa.

La más controvertida de las propuestas apunta a la creación de una Oficina Antifraude en la Junta General. El departamento estaría compuesto por un miembro de cada grupo parlamentario, otro del Gobierno, uno más de Inspección General de Servicios y otro de la Intervención General. Entre sus cometidos estaría velar por los «canales éticos de denuncia».

Memoria de gastos

«Nuestra comunidad deberá contar con un adecuado marco normativo con rango de Ley, que dé seguridad y garantías, protegiendo de posibles represalias a los denunciantes anónimos, especialmente a funcionarios y empleados públicos, que comuniquen, de buena fe, presuntos incumplimientos, así como el resto de ciudadanos, empresas o cualquier tercero que disponga de información relevante sobre irregularidades tanto del ámbito público como el privado». Las delaciones anónimas se convertirían así en «un verdadero control externo y social de la actividad de la Administración». El borrador incluye una «memoria de gastos de la comisión», siendo el único desembolso reconocido el abono del desplazamiento a uno de los 60 comparecientes, por importe de 240,95 euros.