La TPA pretende reducir los sueldos para evitar despidos

Aunque el diputado del Grupo Socialista Marcelino Marcos lo calificó de «tercer grado», el director general de la RTPA, Antonio Virgili, solo dejó ayer un titular en su comparecencia en la Junta General del Principado: que antesdeayer se convocó una reunión para mañana viernes con el comité de empresa para negociar una bajada de sueldos que mitigue la reducción presupuestaria y el coste de las incorporaciones forzadas por mandato judicial, a resultas de los juicios por cesiones ilegales de trabajadores.

Virgili comparecía en la Junta a petición del Partido Popular, que renunció a formar parte del consejo de administración de la RTPA. Este es el motivo por el que, tras la exposición inicial del compareciente que marca el reglamento, tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista y Foro Asturias renunciaran a hacer uso de su turno de preguntas. Solo interpelaron, pues, a Virgili, Fernando Goñi en representación de los populares e Ignacio Prendes, líder de UPyD, por el Grupo Mixto.

Virgili fue convocado para informar «sobre todo lo relacionado con el funcionamiento presente y la programación actual de los servicios de radiodifusión y televisión del Principado de Asturias, así como de las perspectivas del ente y de sus servicios»: «Trataré de atender de forma concreta», lanzó, «a un enunciado tan amplio». Detalló los «esfuerzos» que se están realizando, según él, en los bloques de gastos de funcionamiento, estructurales y de personal para cumplir con el presupuesto, e insistió en la labor de «cohesión territorial y cultural» de la televisión y la radio autonómicas, así como en su «gestión transparente» y en que «todos» los contratos de la TPA son con empresas asturianas.Este extremo fue matizado por Goñi en las preguntas, en referencia a la adjudicación a VAV, que no es asturiana, de la información municipal el pasado mes de marzo. No se hizo referencia, sin embargo, al concurso de acreedores al que se acogió la empresa poco después.

Goñi formuló doce cuestiones de contenido esencialmente político, orientado al cobro de «comisiones» (así se refirió a las dietas) por parte de los miembros del consejo de administración, al coste de los contratos con productoras o al de la dirección del ente que preside Virgili. Le planteó, asimismo, si no creía haber «dilapidado» los recursos de la RTPA: «No he dilapidado nada».

La situación de Proima-Zebrastur, que ha anunciado un ERE para 33 de sus trabajadores y cuya plantilla al completo fue a la huelga el martes (y lo hará el próximo), solo afloró cuando el popular preguntó a Virgili por el monto de sus contratos (3 millones y medio de euros, explicó) y cuando Prendes le planteó, por su lado, cuál será el futuro del programa 'Debate en 30': «A mí la productora no me ha trasladado que no pueda cumplir con los compromisos y contratos», zanjó Virgili.

Por último, sí aprovecharon los grupos sus respectivos turnos en la toma de posiciones: los socialistas, además del citado «tercer grado», acusaron al PP de tratar de romper el «blindaje socialista» a la independencia de la RTPA; el PP concluyó que «no nos podemos permitir» su coste; IU recalcó que «el empleo es sagrado»; y Foro, en fin, insistió en la «austeridad» necesaria y en su queja, recurrente, por el «incumplimiento continuo» de los porcentajes de minutaje que la RTPA dedica a los diversos partidos, como subrayó la portavoz Cristina Coto.