Fiestas más seguras, pero menos fiestas

En marzo, la Sociedad de Festejos de La Corredoria tuvo que cancelar sobre la marcha un festival que había organizado para financiar sus celebraciones de San Juan. Hace solo dos semanas, Festejos denegó el permiso para una espicha de Medicina en el aparcamiento del Carlos Tartiere. Fueron las reticencias municipales, principalmente de los servicios de Seguridad, por la dificultad de controlar aforos y la falta de vías de evacuación, las que acabaron con la fiesta universitaria.

Antes, en noviembre de 2012, cinco jóvenes murieron aplastadas en una fiesta celebrada en el Madrid Arena en la que el Ayuntamiento de la capital había permitido o, al menos, sido muy laxo con las condiciones de seguridad. La tragedia despertó del olvido en Oviedo la Ley de Espectáculos Públicos. Una norma regional, en vigor desde 2002, y obviada por el equipo de gobierno durante una década. Su aplicación está dando verdaderos quebraderos de cabeza a asociaciones de festejos y vecinales, y amenaza con acabar con algunas de las romerías y verbenas del verano o con convertirlas en coto de hosteleros. Los vecinos afirman que la normativa que aplica el Ayuntamiento excede con mucho las exigencias de la norma regional. Buscan cambios.En noviembre del año pasado, el equipo de gobierno llevó a dictamen en la comisión de Economía un informe del secretario general del Pleno en el que el funcionario explicaba los requisitos que debían cumplir los organizadores de «fiestas en espacios públicos». No se trataba de nada nuevo, sino de los preceptos de la Ley de Espectáculos Públicos del Principado, vigente desde 2002.

El informe recordaba que los organizadores deberían solicitar la autorización al Ayuntamiento, con como mínimo un mes de antelación. Un tiempo necesario para que los técnicos comprobasen la obligación de suscribir una póliza de responsabilidad civil, con una cobertura mínima de 150.253 euros para festejos con «hasta 300 personas de aforo», y de hasta 450.000 euros si se sobrepasan los 1.500. Y el cumplimiento de las condiciones de seguridad, con la certificación de un técnico competente y el visado del colegio profesional correspondiente. Los planes de evacuación y los accesos para vehículos de emergencia empezaron entonces a preocupar a las asociaciones de festejos y de vecinos.

El desvelo derivó en pasmo cuando, tras una serie de reuniones informativas, el equipo de gobierno implantó un procedimiento único a través de internet para la autorización de fiestas y actividades populares. El trámite es una prueba palpable de hasta dónde puede llegar la burocracia. Arranca con el impreso de solicitud y termina con unos «cuantos otros documentos y justificaciones que se consideran necesarios para una adecuada valoración de la actividad pretendida».

Por el medio, el plano del recinto festivo, por quintuplicado y a escala 1:200; pólizas de responsabilidad civil por cada atracción de feria con capitales mínimos de entre 150.000 y 300.000 euros; una dirección técnica para el montaje, con su memoria correspondiente firmada por un «técnico competente» con justificación de las circunstancias de seguridad; medidas correctoras para la emisión sonora; distancias a viviendas; un anexo «cuando se expidan bebidas y comidas» detallando estas instalaciones; y una memoria sobre la capacidad portante del suelo cuando se coloquen carpas. Como remate, los permisos del Principado si la actividad «incluyese la presencia de animales». Adiós a la rifa de la xata.

Más papeles aún

Los vecinos han buscado el apoyo de los grupos municipales al encontrarse no ya con estas exigencias, sino con otras nuevas durante la tramitación que dificultan o casi imposibilita, en algunos casos, la continuidad de sus festejos. Requisitos que, sostienen, exceden los previstos en la Ley de Espectáculos Públicos.

Entre ellos, que el Ayuntamientoexige, «posteriormente a la instalación y antes del inicio de la actividad», un certificado técnico del correcto montaje de las instalaciones. También, certificados de instaladores autorizados sobre las instalaciones eléctricas de baja tensión con el permiso de la Consejería de Industria. Además, responsabiliza a los organizadores de la certificación técnica de las barracas y atracciones de feria. Todos los documentos deberán llevar fecha posterior al montaje y ser originales.

Tanto papeleo tiene a las asociaciones que organizan fiestas «desbordadas». Es la tónica general, que puede llegar a la desesperación si un imprevisto obliga a modificar con apenas un día de margen toda la documentación a presentar en el Ayuntamiento, como ha ocurrido en La Florida. Los vecinos iban a montar su fiesta en un prao del Arzobispado, y los planos, los mapas y todo lo requerido estaba realizado conforme a este espacio. Las fiestas empezaban el pasado viernes. El jueves por la mañana, el párroco cambió de opinión: no les dejaba el terreno. En este caso, el Ayuntamiento facilitó los trámites para que la asociación de festejos pudiera mover el espacio festivo en las dos calles donde finalmente se ha instalado.

Una anécdota que se suma a semanas de «más trabajo y más gastos», explica Jacobo Campa, el presidente de la asociación de festejos. En su caso, «entre 2.000 y 2.500 euros más» en costes. Está de acuerdo en que las normas «hay que cumplirlas», pero considera que «es un poco excesivo para una fiesta de prao». Una de las que más gusta a los ovetenses es la de Fitoria, el último fin de semana de junio. El presidente de la Sociedad Festivo Cultural San Antonio Fitoria y Villamejil, Joaquín Ruiz, reconoce su «preocupación» por cómo afrontar los nuevos gastos, unos «mil euros». Ellos lo harán recortando en orquestas o voladores. Están «desanimados» con tantas exigencias. «Lo que piden es inviable», advierte. Demasiados requisitos para conseguir «que la responsabilidad de un posible accidente recaiga sobre quien firma», lamenta Ruiz que a estas alturas de mes otros años «lo teníamos todo resuelto». «Ahora no», por los requisitos municipales para adaptarse a una ley «que no se cumplía».

Con menos solera que las de Fitoria pero con mucho tirón por ser de prao y en la ciudad, los vecinos de Montecerrao tratan de lograr «algunas exenciones» entre tanta exigencia legal. El presidente de la asociación, Ramón del Fresno, explica que las barracas, las orquestas o las carpas ya tienen sus propias certificaciones de calidad y que es duplicar trabajo volver a hacerlo como exige el Ayuntamiento. Confía en poder lograrlo, ya que aún tienen tiempo: el 25 de julio empiezan las fiestas. Del Fresno reconoce que la tramitación de la documentación ha cogido a las asociaciones «con el pie cambiado» y lamenta la «confusión» que supone cumplir la ley. Tratan de hacerlo «con más trabajo» para compensar los «sobrecostes», de unos «cuatro o cinco mil euros», calcula.

Un montante que pueden afrontar quienes reciben a miles de personas en sus barrios o sus pueblos pero que, presupuestos muy inferiores, suponen replantearse la fiesta a otros más pequeños.

Los vecinos de Cortina, en San Pedro de Naves, pensaron dejar de preparar la fabada popular de finales de septiembre por lo «complicado» que les resulta adaptarse a la nueva norma: «Posiblemente la hagamos porque este año tenemos dinero ahorrado, pero no sé qué haremos el próximo. Nos sale más barato ir a comer a un bar que todo esto», lamenta el presidente de la Asociación Cultural El Comiciu, Paúl Cuesta. Instalar dos baños y el informe del aparejador les sube la comida popular para unas 60 personas a mil euros. Hasta ahora no cobran a los socios, son 25 vecinos, a partir de este año se abren incógnitas.

La asociación Fuente de Los Pastores tendrá que subir la cuota a sus socios, unas 170 familias, para sufragar la romería a los pies de Santa María del Naranco el 21 de julio. Mil euros más para una fiesta de «unas horas» es para los más pequeños inalcanzable.