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J. F. GALÁN
Martes, 11 de junio 2013, 10:57
El Colectivo Ecologista de Avilés ha presentado alegaciones contra el convenio de permuta de terrenos alcanzado entre la empresa Aldergarten y el Ayuntamiento de Castrillón en las dunas de Salinas. Lo define de «pelotazo que solo beneficia a la promotora» y argumenta su rechazo en base a motivos medioambientales.
Sus alegaciones se suman a las ya presentadas por la asociación ornitológica Mavea y por Asturiana de Zinc, que sostiene que el convenio vulnera la normativa urbanística en vigor y también el convenio de 1982 que reguló la cesión al Ayuntamiento de distintos bienes entonces de su propiedad. Uno de ellos era la finca de El Pinar, la que ahora se cede a Aldergarten, con licencia para construir las 308 viviendas y el hotel-balenario que tenía previsto edificar en las dunas. A cambio, la promotora entrega al Ayuntamiento esta última parcela, que por tanto se mantendrá libre de ladrillo, y habilitará un carril bici valorado en 170.000 euros. Asturiana de Zinc afirma que el convenio de 1982 indica que la parcela de El Pinar debe destinarse a uso público.
Los ecologistas sostienen que esa finca, la que recibe la promotora, es mayor de la que entrega, que atesora un valor medioambiental «similar o incluso superior» y que está igualmente protegida por la legislación europea.
El terreno de las dunas, hipotecado en 1,5 millones de euros, según el colectivo, «tiene 44.111 metros cuadrados, con una superficie útil real de algo menos de 30.000», mientras que el de El Pinar, «mide 46.500. Sorprende que el Ayuntamiento facilite una permuta que sólo beneficia a la promotora, que no puede construir en su actual finca», asegura el colectivo ecologista, en alusión a la de las dunas. Cabe precisar que ha sido declarada suelo urbano por el Tribunal Supremo y excluida del monumento natural Playa de El Espartal.
Legislación europea
Otra cuestión que recalcan los ecologistas es que la finca de El Pinar «también forma parte del complejo dunar de El Espartal y está protegida por la legislación europea, por lo que es muy difícil que se pueda construir en ella. El Ayuntamiento o cualquier otra administración que permita destruir hábitats y especies protegidas incurriría en delito», concluye el colectivo ecologista.
El convenio puso fin al largo conflicto mantenido entre el Ayuntamiento y la promotora propietaria de la finca urbana de las dunas, que según el Principado estaría en condiciones de reclamar una indemnización de más de treinta millones de euros si el Ayuntamiento persistía en su actitud de rechazar el proyecto urbanístico que tenía previsto desarrollar allí, y que ahora se traslada a El Pinar.
El Pleno dio su visto bueno al convenio con el rechazo del PSOE, que mantiene que es básicamente el mismo que la empresa puso sobre la mesa en 2008, pero sin las compensaciones que el Ayuntamiento podría haber obtenido entonces, unos ocho millones de euros, según los socialistas. Actualmente el convenio se encuentra en período de exposición pública.
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