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MARCO MENÉNDEZ
Viernes, 31 de mayo 2013, 04:03
La Consejería de Fomento prevé sancionar con 800.000 euros a la central térmica de Aboño por el vertido del fuel a la ría que tuvo lugar a mediados de junio de 2012. Así lo indicó ayer la consejera Belén Fernández, quien explicó que «hay una propuesta sancionadora», pero que está suspendida a la espera que se emita el fallo judicial en el proceso que se sigue en la actualidad sobre este suceso. Eso sí, reiteró que «no hay una prescripción de la sanción, sino una suspensión».
Este dato se dio a conocer en el transcurso de las preguntas presentadas al Consejo de Gobierno del Principado por la diputada de IU en la Junta General del Principado Emilia Vázquez, quien se interesó por los detalles de otro accidente ocurrido en la misma central térmica. En concreto, el incendio de un motor para calentar el fuel que permite el funcionamiento de la instalación, ocurrido el pasado 14 de abril. Aunque aún faltan unos tres meses para que culminen los diferentes estudios técnicos que determinen todos los detalles de este incendio, la consejera sí avanzó que el motivo del siniestro fue «un tapón de fuel producido en las tuberías que lo calientan para la puesta en marcha de la central eléctrica, pero aún necesitamos los estudios metalográficos y del comportamiento del fuel cuando se degrada y que puede producir atmósferas explosivas».
De lo que sí se mostró segura la consejera fue que este incendio «se gestionó de manera relativamente correcta y los dispositivos de control funcionaron. Prueba de ello, en su opinión, es que «se verificó por técnicos de la consejería el perfecto funcionamiento del sistema de recogida de aguas residuales de la balsa de tormentas y la planta de tratamiento, con lo que el vertido a la ría fue cero».
Mayor control
A pesar de todo, en opinión de Emilia Vázquez la postura de la consejería respecto de la actitud de los responsables de la central térmica es «excesivamente laxa» y considera que, debido al historial de incidentes que acumula la instalación, con el vertido de espumas a la ría, el escape de fuel a la costa de Carreño y el reciente incendio en sus instalaciones, el Principado debería ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de la autorización ambiental integrada de la empresa.
Para ampliar el ámbito de esa autorización, Belén Fernández informó de que se está a la espera de una modificación de la normativa que publicará en unas semanas el Boletín Oficial del Estado. Eso permitirá actualizar la normativa asturiana y aumentar las exigencias ambientales y de seguridad a este tipo de empresas, a las que se solicitará «una memoria técnica de las instalaciones y que aporten que medidas tienen previsto aportar para mejorar la seguridad y su respuesta ante posibles problemas. También haremos una información pública con nuestra propuesta para que toda la ciudadanía pueda decir qué le parece la normativa medioambiental».
La consejera también apuntó al futuro Plan de Calidad del Aire, que está elaborando junto con los ayuntamientos de Gijón y Avilés, y las empresas de sus ámbitos para conseguir una mejora ambiental para los vecinos de estas zonas que, como los de Aboño, vienen protestando desde hace tiempo.
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