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CHELO TUYA
Martes, 28 de mayo 2013, 05:14
«La violencia de género desaparece del Código Penal. Ojo con la reforma que está planteando el Gobierno central». La directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Carmen Sanjurjo, alertó ayer del retroceso que, a su juicio, «están sufriendo las políticas contra la violencia machista» desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, «que ha recortado un 27% el presupuesto, algo que no había ocurrido en los últimos años».
Sanjurjo realizó estas declaraciones tras recibir el borrador de la Estrategia nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, el documento presentado a bombo y platillo el pasado fin de semana por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, formado por 250 medidas con las que atajar el claro incremento de la violencia contra la mujer, que ya suma 22 muertes en lo que va de año.
«Lo recibimos una vez presentado a los medios y se nos dice que será aprobado en la Comisión Sectorial sin que hayamos podido aportar nada. Hay una total falta de consenso en el documento y, en materia de violencia contra la mujer, lo que hay que procurar, como siempre, es que haya consenso».
El mismo que buscará ella el jueves, cuando se reúna de urgencia con colectivos de juristas de toda la región, para analizar la drástica caída que las órdenes de protección han sufrido en Asturias. Tal y como adelantó EL COMERCIO, la región cerró 2012 con la tasa más baja del país y, durante el primer trimestre de año, en el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón sólo se aprobaron siete de las 40 solicitadas.
Una víctima de ese freno a la orden de protección es María -nombre ficticio-, la asturiana que narró a este periódico la pesadilla que sufre desde que su ex saliera de la cárcel, en la que ingresó tras intentar matarla. Pese a ser acosada día y noche y pese a la petición del fiscal, María no tiene orden de protección.
Libertad vigilada
Un problema el de la asturiana que estaría solventado si ya estuviese en marcha una de las propuestas incluidas en el criticado documento. La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género incluye la libertad vigilada para los agresores que hayan cumplido su condena de cárcel -como es el caso de la expareja de la víctima asturiana- aunque la propuesta aún no tiene forma «es una posibilidad más».
Así lo aseguró ayer en Zaragoza la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, durante su participación en unas jornadas organizadas por el Instituto Aragonés de la Mujer.
Hernández afirmó que las 250 medidas anunciadas este fin de semana por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, pretenden «romper el silencio» de muchas mujeres que no denuncian porque no son conscientes de que son «víctimas» de maltrato, sino que perciben ese comportamiento como «normal».
Tal y como criticó Carmen Sanjurjo, Blanca Hernández da por hecho que el documento «será ratificado en junio en la Conferencia Sectorial de Igualdad y en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer», como paso previo a ser aprobada por el Consejo de Ministros. Y, en contra de la opinión de Sanjurjo, Hernández sí defiende que se trata de un plan «amplio» y «consensuado», en el que ha intervenido la Administración, asociaciones especializadas y expertos en la materia, que pretende erradicar la violencia de género desde distintos ámbitos.
Según explicó, el plan contempla también abordar otras formas de violencia de género , como la mutilación femenina, la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual o los matrimonios forzosos.
En referencia a las críticas del PSOE por los recortes en las campañas de sensibilización, recordó la campaña 'Si la maltratas a ella, me maltratas a mí', protagonizada por actores españoles, como Imanol Arias o Mario Casas, así como la iniciativa promovida por las empresas para concienciar sobre la violencia de género a sus clientes y trabajadores, a la que además de las 34 existentes se van adherir veinte más.
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