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GONZALO DÍAZ-RUBÍN
Sábado, 25 de mayo 2013, 11:20
El alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, afirmó ayer que, en relación al Palacio de Congresos, «el Ayuntamiento no va a cesar en su empeño de defender los intereses de la ciudad y garantizar la seguridad urbanística de Oviedo». Las dos cosas no son lo mismo, aunque guarden relación. La primera habla de la peligrosa, para las arcas municipales, situación concursal de Jovellanos XXI, que podría abocar a un rescate multimillonario de la concesión. La segunda, de los informes aportados por la empresa en el juicio cruzado contra Santiago Calatrava y en los que se ponía en duda la seguridad de la estructura de la visera, incluso cerrada y fija, del centro de convenciones de Buenavista. Informes que servirían para reducir la factura del hipotético rescate.
Tras la negativa antes de ayer de la empresa a facilitar dichos documentos por encontrarse 'subiudice', el Ayuntamiento se los pidió ayer al Juzgado de Primera Instancia Número 10, donde se dirime el pleito entre el arquitecto y la sociedad limitada de las familias Cosmen y Lago. El secretario judicial replicó que está en manos del juez para dictar sentencia, pero autorizó al Ayuntamiento a requerir los informes a la empresa.
Y eso hizo la Concejalía de Urbanismo, que en un nuevo oficio da tres días hábiles a la empresa para facilitar toda la documentación «referida a la seguridad» estructural del inmueble y, también en el mismo plazo, «los planos del final de obra», que, dos años después de la entrada en servicio del edificio, Jovellanos XXI no ha entregado aún.
Caunedo, además, anunció la convocatoria, el lunes, de una comisión de Urbanismo extraordinaria para informar al resto de grupos municipales acerca de las «gestiones que está realizando el Ayuntamiento» y se informará de los avances que se pudiesen producir durante el fin de semana «teniendo en cuenta la trascendencia pública».
45 millones de euros
La sucesión de requerimientos municipales, la negativa de la empresa a facilitar los datos y los planos o su insistencia en que los técnicos municipales avalaron las obras dibujan un escenario de confrontación apenas dos años después de la inauguración de las obras. Aquel 6 de mayo de 2011, minutos antes de que se inaugurasen las obras, el Ayuntamiento puso las primeras pegas a la empresa por la inmovilidad de la visera y los pavimentos exteriores resbaladizos, algo que casi parece una seña de los proyectos de Calatrava. Y la relación ha ido a peor.
Ese mismo año, Jovellanos XXI, como adelantó EL COMERCIO, pasó por un preconcurso de acreedores, del que salió tras lograr financiación de algunos proveedores. Parte de ellos quedaron atrapados al ejercicio siguiente cuando la empresa se acogió de nuevo a la negociación y, en octubre, se declaró en la antigua suspensión de pagos. Ahí está el peligro. Según los pliegos del contrato, si la empresa entraba en concurso el Ayuntamiento debía rescatar la concesión.
¿En cuánto? La jurisprudencia es clara: en el coste de construcción del edificio. Entre 80 y 90 millones de euros. La cifra ha caído ya a la mitad, debido a que la concesión a 40 años es la garantía de un préstamo hipotecario que solicitó Jovellanos XXI para concluir las obras. Aún así, la valoración de 45 millones de euros que hacen los administradores concursales preocupa en las municipales.
En caso de resolución, el Ayuntamiento podría exigir daños y perjuicios a la empresa, como ha hecho en el 'spa' de Ciudad Naranco. Lo que, como resaltan los administradores concursales, daría lugar a una negociación entre ambas partes para, en lo fundamental, ponerle precio. Un proceso largo y con visos de judicializarse y en el que la concesión es garantía hipotecaria.
Hay otro camino. Caunedo ha reiterado, cada vez que ha sido consultado, su confianza en que la empresa supere sus dificultades y continúe con la gestión del centro de reuniones, cuya actividad subvenciona el municipio. Eso sí, con la seguridad «tolerancia cero», apuntó ayer una fuente del equipo de gobierno.
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