La reforma local plantea recortar el complemento específico a los funcionarios

Los 9.000 millones de euros que el Gobierno pretende ahorrar con la reforma de la administración local incluye una partida de 870 millones de euros que no derivará ni de la clarificación de competencias ni de la eliminación de mancomunidades y empresas públicas. Saldrá directamente del bolsillo de los funcionarios públicos que prestan su servicio en los ayuntamientos y entes locales durante 2014 y 2015, una vez que entre en vigor la nueva ley local.

El ajuste no recaerá sobre el salario base, sino que el Gobierno pondrá límites al denominado complemento específico. Una cantidad que, hasta este año, percibían los trabajadores públicos en función de las características especiales de un puesto de trabajo y que, con la nueva norma, tendrá límites que se establecerán cada año los Presupuestos Generales del Estado. De momento, no se especifican a cuántos de los 8.114 ayuntamientos que existen en España afectará este ajuste.

El anteproyecto, que el Gobierno presentará hoy a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), pretende que el 92,1% de los 6.797 ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes (entre ellos, 71 de los 78 asturianos) pierdan a partir del 1 de enero la gestión de los servicios que prestan a diario; es decir, residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de calles.

Estos 6.260 consistorios intervenidos, que suponen el 77% de los 8.116 poblaciones de España, cederán estas competencias a las diputaciones provinciales o a las autonomías, en el caso de las comunidades uniprovinciales, a partir de esa fecha. Fuentes de Hacienda justificaron la drástica decisión por la «ineficiencia» de estos ayuntamientos que, según los cálculos del Ministerio, pagan hasta tres veces más por un mismo servicio que un municipio de más de 100.000 habitantes. Hacienda ha utilizado el denominado «coste estándar» para hacer el cálculo y de esa forma el Gobierno tiene un criterio común para todos los municipios en cuanto al precio de prestación de esos servicios básicos. Se ha tenido en cuenta además la dispersión o envejecimiento poblacional, entre otras variables.

De acuerdo a esta evaluación, los ayuntamientos de más de cien mil habitantes pagan 445,4 euros de media por habitante por los servicios, mientras que los de menos de 5.000 vecinos invierten 1.219,9 euros por las mismas prestaciones. Las diputaciones o comunidades, en otros casos, además de proporcionar el servicio, serán las encargadas de cobrar las tasas a los ciudadanos, «que serán menores de las que abonan en la actualidad», según Hacienda.

La insuficiencia financiera no es patrimonio exclusivo de los concejos pequeños. Más de 400 municipios de más de 20.000 habitantes también superan el coste estándar. La diferencia es que en estos consistorios se aplicará la ley de Estabilidad Presupuestaria, que posibilita al Gobierno a multar y hasta intervenir las administraciones incumplidoras

Los consistorios con menos de 5.000 vecinos podrán recuperar la prestación de servicios en un plazo de cinco años, siempre que presenten un plan de viabilidad. El Gobierno confía, además, en que «muchos» de los ayuntamientos que corren el riesgo de ser intervenidos puedan revertir la situación en los siete meses que restan para finalizar el año.

La mayoría de las corporaciones pequeñas tiene alcaldes socialistas y nacionalistas en Cataluña y País Vasco, y en menor medida Galicia, e independientes. El PP tiene pocos ediles en las poblaciones pequeñas y en el partido reconocen que su escasa presencia en estos municipios es uno de sus flancos débiles.

Hacienda no entró en ese tipo de consideraciones y defendió que se trata de una reforma «profundamente municipalista» que beneficia a los ciudadanos. De hecho, las fuentes consultadas subrayan que el Gobierno descartó la eliminación de los ayuntamientos de municipios con menos de 5.000 habitantes, tras haberlo sopesado en un principio. El Ejecutivo niega que las corporaciones que cedan su capacidad de gestión vayan a quedar huérfana de funciones porque «mantienen intactas sus competencias políticas».

Tormenta política

La iniciativa, que cuenta con la oposición del PSOE, levantará a buen seguro una tormenta interna en el PP. De hecho, el presidente de la FEMP, el popular Íñigo de la Serna, lamentó ayer, ante Montoro, que no se haya atendido el grueso de las alegaciones de los municipios.