Ángel Riego: «En el 'caso Guimarán' abrimos expedientes, pero las órdenes se desobedecían»

El alcalde de Carreño, Ángel Riego, ha contestado por escrito a las preguntas de la comisión de investigación abierta en el propio ayuntamiento para depurar responsabilidades sobre el vertedero ilegal de Guimarán -en el que, según indica- se depositaron escombros entre 1999 y 2004, que la oposición cifra en 50.000 metros cúbicos. En sus contestaciones, el regidor asegura que no tuvo conocimiento del vertido hasta 1999. Vecinos de Guimarán y Prendes se lo habrían comentado durante la campaña electoral de ese año, tras la que salió elegido alcalde. Tras su toma de posesión, preguntó a la Jefatura de la Policía Local «si había constancia de alguna inspección policial en la zona» y le requirió que «si no la había, que se llevase a cabo y se le informase».

Riego apunta que las circunstancias de entonces son «muy distintas» a las de ahora. «En 1999, el Ayuntamiento carecía de medios materiales y humanos para perseguir los incumplimientos en materia urbanística» y «fruto de la preocupación de la Alcaldía, hay informes de la Secretaría Municipal sobre la imperiosa necesidad de dotarse de recursos humanos para la gestión de multas como de infracciones urbanísticas». Así fue cómo en 2001 se crearon los correspondientes puestos de trabajo y, en 2002, echó a andar el Servicio de Sanciones.

«Asimismo -subraya el primer edil-, una de las dificultades que había entonces para perseguir los rellenos con materiales procedentes de obras era la inexistencia en Asturias de un vertedero autorizado, hasta que en 2004 Cogersa no dispuso de este servicio de recogida. Por ello, esos materiales se aprovechaban hasta el momento para la mejora de fincas y caminos, tanto por particulares como por los propios ayuntamientos».

Llegado a este punto, el alcalde indica que, «a la vista de los informes de la Policía Local, se ordenó la paralización de la actividad por carecer de autorización o licencia municipal, pero tanto los promotores como quienes realizaban el relleno desobedecieron de forma reiterada». ¿Por qué, entonces, no se paralizó?, se preguntan los vecinos. «Porque no había manera de paralizarlo -responde Ángel Riego-. Abríamos expedientes y las órdenes se desobedecían continuamente, incluso pusimos multas. En esa fase estuvimos mucho tiempo, pero la persona que hacía los rellenos se declaró insolvente». De hecho, añade, se citó en distintos momentos con éste, J. L. G. C., y con la persona que tenía alquilada la finca, E. L., antes de 2004, y asegura que ambos también se entrevistaron con los funcionarios responsables del expedientes, así como con los concejales responsables del área de Urbanismo.

En el Principado, desde 2005

Pese a que los grupos de la oposición forzaron la actual comisión de investigación sobre este asunto, Riego advierte que, desde 1999, la comisión de Urbanismo ha tenido este expediente sobre la mesa hasta en siete ocasiones y que, por tanto, «los concejales de los diferentes grupos políticos que formaban parte de ella conocían el tema y dictaminaron sobre él». De hecho, apunta, «hay constancia documental de que las resoluciones dictadas reflejan el informe de la comisión informativa correspondiente y también de que la propia comisión, por unanimidad de sus miembros, se manifestaba conforme con la tramitación».

Antes de 2010, continúa el alcalde de Carreño, fue la propia comisión la que «solicitó a los técnicos que levantasen perfiles topográficos para tapar el vertido y restaurar el terreno en las mejores condiciones como solución más factible, 'dado lo desproporcionado de la restitución'». Fue el propietario del terreno el que solicitó la cubrición de tierra, que financió él mismo. Al no tener competencia en restauración ambiental, el Ayuntamiento ya había comunicado el problema, en 2005, al Principado que, en el otoño pasado, mantenía que no había recibido tal comunicación, extremo que posteriormente quedó desmentido. El expediente también está en manos de la Fiscalía.