Los acusados de utilizar a 'sin papeles' niegan los hechos y se culpan entre sí

Ninguno de los dos empresarios acusados por un delito contra los derechos de los trabajadores reconoció ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 4 los hechos por los que se les imputa. Según el informe de la Fiscalía ambos «utilizaron» presuntamente a personas de nacionalidad extranjera que se encontraban en España sin permiso de trabajo ni residencia, circunstancia que aprovechaban para privarles de todos sus derechos. Ellos lo niegan, y hacen, además, recaer la culpa el uno sobre el otro.

J. E. Y. G., uno de los imputados, dice ser «un trabajador autónomo, al que varias empresas le encargaban la publicidad». Sería, explica, el jefe de ese negocio «el encargado de contratar a los trabajadores». Por su parte, J. F. C. G., a los que todos reconocen como el jefe, afirma que nunca tuvo conocimiento de que se emplease a personal indocumentado, e incluso «no conocía a los trabajadores». Los empleados, sin embargo, confirman que ambos mandaban sobre ellos.

Igualmente, gran parte de los trabajadores denuncia «tratos vejatorios», especialmente «con las personas de color y que no hablaban español», hacia quienes los insultos eran, presuntamente, frecuentes. Hablan, incluso, de agresión en «al menos» un caso, en el que J. E. Y. G., que era la imagen de la empresa para quienes repartían publicidad, habría propinado «una colleja» a uno de ellos. Muchos apuntan a que esto se debía, en parte, a las malas condiciones en las que acudía al trabajo, «con síntomas de estar bebido o drogado». Todos reconocen que continuaron con el empleo ante la promesa que les hicieron desde el primer momento de conseguirles el permiso de residencia, algo que nunca llegó a suceder.

Repartían publicidad de ocho a tres de la mañana y de ocho a cuatro de la tarde, también los días de fiesta salvo los domingos. No tenían ninguna compensación por las horas de exceso trabajadas ni tampoco vacaciones. No estaban afiliados a la Seguridad Social y si enfermaban, eran despedidos. Así mismo, los gastos de transporte para el reparto de publicidad por toda Asturias «nunca fueron abonados íntegramente».

Amenazas

Tras ser descubiertos por la Policía y prestar declaración, el acusado J. E. Y. G. llegó, supuestamente, a ponerse en contacto con uno de sus trabajadores, al que advirtió de que si le metían preso, «le iba a ir peor». «Me amenazó para que rectificara lo declarado», cuenta el testigo. En total están afectados 13 extranjeros, que en ese momento, en el año 2008, se encontraban sin papeles.

La Fiscalía solicita para J. F. C. G., el apoderado y socio mayoritario, una pena de tres años de prisión y multa de 3.240 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras, para J. E. Y. G., administrador único, pide cinco años de prisión y el pago de multas por valor de 7.560 euros también por un delito contra los derechos de los trabajadores, más otro de obstrucción a la Justicia. Además, se solicita que los acusados y la empresa abonen a los trabajadores indemnizaciones por 31.590 euros. La vista oral finaliza mañana a las 10.00 en el Juzgado de lo Penal número 4.