«Hemos conseguido que ya no se hable de la supresión de ayuntamientos»

Íñigo de la Serna lleva meses nadando entre dos aguas. El motivo no es otro que el anteproyecto para la reforma de la ley local planteado por el Gobierno central. Le toca, por una parte, defender los intereses de los ayuntamientos españoles como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander. En el otro lado de la balanza, su condición de dirigente del Partido Popular. Esa circunstancia no ha impedido que haya levantado la voz ante algunas de las propuestas que incluye el borrador elaborado por el Ejecutivo y que ha suscitado el rechazo unánime de los municipios españoles. De la Serna intenta templar gaitas y buscar puntos de encuentro para conseguir un acuerdo que beneficie a todas las partes. Se felicita por los avances y, a expensas de ver el resultado final, no oculta su esperanza de que se reconozca «al fin» las históricas reivindicaciones de las administraciones locales.

-A la espera de conocer el recorrido que tendrán las alegaciones de la FEMP al último borrador del Gobierno, ¿es usted optimista?

-Soy optimista por naturaleza y creo que existe margen suficiente para seguir negociando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No hay que olvidar, además, que existe un trámite parlamentario que permite, a través de los grupos, plantear modificaciones al texto. Hay que tener en cuenta que a día de hoy no hay una aprobación formal del Consejo de Ministros y sí un ofrecimiento de diálogo por parte del Gobierno. Es esa oferta la que ha permitido modificar asuntos sustanciales desde julio. Sólo esperamos que ese ofrecimiento de diálogo continúe y tengamos oportunidad de seguir debatiendo.

-¿Cree realmente que es posible cambiar el fondo de la reforma?

-En la FEMP hemos aglutinado el conjunto de las alegaciones planteadas desde las distintas diputaciones y ayuntamientos y las hemos trasladado en bloque a través de un documento que aúna el sentir del municipalismo español. Existe una posición común que todos compartimos, independiente del color político. Eso constata nuestra fortaleza.

-Entiendo que no debe de ser fácil ser alcalde y representante del PP. ¿Me equivoco?

-Tanto yo como otros muchos alcaldes estamos representando los intereses de los municipios españoles y defendemos aquellos criterios que son la base de la autonomía local. Los ayuntamientos son las entidades que mejor están cumpliendo con las exigencias de estabilidad presupuestaria pero es cierto que mantienen una serie de problemas estructurales, cuyas soluciones hemos venido reivindicando a lo largo de los últimos años. Todos entienden, por ejemplo, que es la hora de poner fin a las competencias impropias y definir la relación con las administraciones autonómicas. Más importante que el partido lo es el municipio al que representamos. El interés general prima por encima de los intereses políticos.

-Eso suena muy bien, pero ¿no ha tenido usted presión por parte de su partido en este proceso?

-En ningún caso. El PP ha hecho y está haciendo una importante labor en el marco de la reforma local. No sólo para conseguir mejoras en los anteproyectos presentados sino también para divulgar el contenido de la reforma. A este respecto, me gustaría destacar el papel que ha jugado Javier Arenas. Como partido puedo asegurar que no ha habido injerencia política en la institución que presido. Siempre hemos tenido la libertad de saber que estamos defendiendo los intereses de los municipios. Como miembro del PP estoy muy orgulloso de la labor que está haciendo la FEMP y el respaldo que hemos encontrado en el partido. Siempre han entendido el papel que jugamos los alcaldes.

-Sin embargo, no faltan los regidores que han criticado públicamente al Gobierno porque no se consultara previamente a los ayuntamientos en la redacción.

-El documento, cabe recordarlo, no ha sido aprobado todavía por el Consejo de Ministros. Ahora estamos debatiendo un borrador donde todas las partes tienen la oportunidad de incorporar sus aportaciones. Eso demuestra el interés en que haya diálogo y la flexibilidad del Gobierno. Hace unos meses se daba por hecho la reducción de concejales y hoy ya nadie habla de eso.

-De acuerdo, pero no me negará que se trata de una reforma profunda que hace tambalear el concepto que tenemos de los ayuntamientos.

-Sí, es cierto que se trata de una gran transformación. Pero esta es la forma de plantear un proyecto de gran calado. La sociedad requiere que se aborde un proceso que, por cierto, veníamos reclamando y hoy es un logro que se plantee con esta firmeza. Las reivindicaciones son importantes y por eso la reforma debe tener profundidad. De lo contrario, no conseguiríamos avanzar en las cuestiones que nos preocupan: desde el diálogo y con la máxima lealtad institucional intentaremos conseguir el mejor documento posible.

-Insiste en hablar de una reforma de calado, pero ¿no le parece llegar demasiado lejos cuando se plantea intervenir a los municipios de menos de cinco mil habitantes?

-Hay determinadas cuestiones que pueden ser mejoradas y esa es una de ellas. No compartimos que los alcaldes no puedan recibir algún tipo de retribución por su labor como también nos preocupa cómo se van a establecer los criterios que definirán el coste estándar de los servicios. Aspiramos a que se tengan en cuenta elementos como la dispersión geográfica o el envejecimiento, por ejemplo. Esos planteamientos deben ser acordados con la FEMP. Las reivindicaciones que hacen referencia a los municipios de menor tamaño abarcan el grueso de las demandas que estamos planteando.

-Lo que ocurre es que con las directrices que se están poniendo encima de la mesa, muchos tendrán dificultades para sobrevivir. ¿Desaparecerán ayuntamientos?

-En ningún caso. Es cierto que existió un planteamiento que hablaba de una reducción obligatoria de ayuntamientos, pero esa cuestión ha sido resuelta y ya no está en el debate. Es una dificultad que hemos sorteado. Ahora se trata de mejorar la eficiencia, es decir, que del euro que paga cada vecino se obtenga el mayor rendimiento posible. Eso sólo se consigue por la vía de mejorar los servicios.

-No son pocos los alcaldes que acusan al Gobierno central de pretender con esta reforma la privatización de los servicios. ¿Están desencaminados?

-Sí. En ningún momento se busca una privatización de las prestaciones. Aquí estamos hablando de ser capaces de mejorar el rendimiento. Eso no implica necesariamente cambiar el modelo.

-Ha sorprendido la apuesta del Gobierno por reforzar el papel de las diputaciones, cuando el PSOE apostaba por su eliminación. ¿Qué pueden pensar las comunidades uniprovinciales como Cantabria o Asturias?

-Pues que ganarán servicios en el futuro. Lo que ocurre es que las comunidades están inquietas porque tendrán que asumir determinados gastos que, hasta ahora, recaían en los ayuntamientos ya que eran los que desarrollaban esas prestaciones. Se trata de una cuestión de justicia que ya tenía que haberse resuelto.

-Aclare una duda. ¿Cree que tienen utilidad las diputaciones?

-La cuestión es la institución en sí. Existe la posibilidad de ofrecer un servicio público, agrupando intereses para que tenga un menor coste. La diputación aglutinaría las fuerzas para mejorar la eficiencia. En resumen y para que la gente lo entienda: no tiene sentido que tres municipios vecinos tengan cada uno una piscina climatizada y ahora no puedan hacer frente a los gastos para mantener esas infraestructuras. Es necesario aportar una visión de economía de escala.

-¿Habla de dar un paso atrás?

-No se trata de eso. Defendemos la autonomía local y creemos que se debe permitir a un ayuntamiento recuperar los servicios que pueda llegar a perder en cuanto tenga solvencia para ocuparse de su coste.

-¿No resulta contradictorio que se esté proponiendo agrupar servicios y al mismo tiempo planteen eliminar consorcios y mancomunidades?

-No. Conviene precisar que se trata de eliminar aquellas entidades supramunicipales que tienen problemas, terminar con aquellos casos en los que se producen despilfarros. Los ciudadanos están demandando este tipo de actuaciones. Si no se pusieran límites, la efectividad de la ley sería prácticamente nula.

-Decía antes que se ha superado el debate sobre la supresión de ayuntamientos. ¿Y las fusiones? ¿Mantienen que es una opción?

-Esa discusión ya se abordó y también quedó cerrada. Otra cosa es que las fusiones sean voluntarias. Es algo que sí apoyamos desde la FEMP. En Galicia, por ejemplo, está en marcha la tramitación para fusionar dos municipios. Es una iniciativa que se hace desde el respeto a la autonomía local. Nadie está obligado. Otra cosa es que se decida, insisto, de forma voluntaria. Los ayuntamientos somos tan Estado como la Administración central o las autonomías y debemos poder decidir cómo podemos ejercer nuestras funciones.

-¿Tiene sentido que haya ayuntamientos de menos de 150 personas?

-Lo que tiene sentido es que los vecinos de esos ayuntamientos asuman la necesidad de compartir infraestructuras en busca de un menor gasto y por tanto de una mayor eficiencia. Esos ayuntamientos no pueden tener su propia depuradora, su propio vertedero, su propio polideportivo... El tamaño no tiene porque suponer un problema y, además, la eliminación de estos municipios no supone ahorro alguno para las arcas públicas. Lo importante, repito, es mejorar la gestión.

-Más de una comunidad autónoma está haciendo presión para revisar el modelo de financiación autonómica. ¿No sería lógico que esta negociación se llevara a cabo paralelamente con la financiación de los municipios?

-Absolutamente. La reforma municipal es una ley que tiene que mejorar la financiación de los ayuntamientos porque acabará con las competencias impropias, es decir, aquellos gastos que estamos ahora asumiendo y que corresponden a otras administraciones. Esta ley mejora cuestiones vinculadas a la financiación, pero no es una ley de financiación local. Desde la FEMP hemos pedido al ministro de Hacienda que no se acometa el nuevo sistema sin abordar la reforma municipal y el Gobierno nos ha trasladado a su vez su intención de que ambos procesos se realizarían al mismo tiempo.

-Eso ya lo hemos escuchado antes y sin embargo...

-Sí, sé que se trata de una promesa del anterior Gobierno y al final nos quedamos absolutamente al margen. Las entidades locales tienen actualmente el mismo gasto (13%) que al inicio de la democracia. Sin embargo, las comunidades no tenían nada y ahora les corresponde un 35% en el reparto. Es el momento de que todos compartamos los recursos, es decir, de que haya solidaridad. A este respecto creemos que es clave debatir sobre la participación fiscal. Por ejemplo, en un ayuntamiento por cada 100 euros que se recaudan, sólo seis van a las arcas locales. Son pequeñas bolsas en los tributos del Estado que deben incrementarse. Queremos obtener más ingresos de acuerdo a los servicios que prestamos. Es necesario revisar el dinero que ahora va a parar a las comunidades autónomas, que reciben una parte sustancial del negocio que se genera en nuestras ciudades. Nos corresponde a los municipios un mayor protagonismo en esos ingresos.