Asturias recibe 400 peticiones de salario social al mes

400 peticiones al mes. Ésa es la velocidad de vértigo que el salario social -la paga que por ley debe llegar a los asturianos con ingresos mensuales inferiores a los 530 euros- registra en Asturias desde que comenzó 2013. En los tres primeros meses del año, a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda llegaron casi 1.200 peticiones de ayuda. Son un 37% más que en el mismo periodo, pero de 2012. El problema de este grito de socorro no es sólo su crecimiento sin freno, sino que la respuesta a quien lo lanza no llegará antes de un año.

Porque las, en concreto, 1.164 solicitudes de salario social registradas entre enero y marzo elevan a 6.441 el atasco que arrastra la renta mínima. Dice la ley asturiana, aprobada en 2005, que la respuesta a la petición no debe superar los dos meses. Sin embargo, acumula ya una demora media de año y medio, con picos de dos años y casos extremos, como el de una vecina de Blimea que llega a los 37 meses.

La directora general de Atención a la Dependencia, Clara Costales, asume que la espera «es muy alta» e insiste en que su departamento «está dando todos los pasos posibles para atajarla». El más inmediato, duplicar la plantilla que se dedica a tramitar estos expedientes, cuyo efecto «ya se ha notado, hemos incrementado en 200 los casos tramitados cada mes».

De acuerdo a sus números entre enero y marzo se dieron curso a 1.956 ayudas, una cifra que tiene como protagonista al mes de marzo, en el que se llegó a la cifra récord de 769 peticiones con respuesta.

A más largo plazo, Bienestar Social contará con la aplicación informática que erradicará las actuales hojas excell con las que se tramita esta ayuda. El programa, que lleva siete años de retraso, se adjudicará este mismo mes, lo que significa que no estará en funcionamiento hasta el próximo año. Es consciente Costales de que los pasos dados «no son suficientes aún para dar salida a la demanda». Asegura que «hasta que no lleguemos a tramitar los mil casos mensuales no lograremos reducir el atasco», que volvió a crecer en el último mes, aunque menos: no llegó al 2%.

3.628, pendientes desde 2011

Un retraso cuyo origen la directora general de Atención a la Dependencia fija en la pasada legislatura. Como ya explicó la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, a su llegada al Gobierno en junio pasado, «nos encontramos paralizados 3.628 expedientes».

Unas peticiones que la antecesora de la socialista, la consejera por Foro, Paloma Menéndez, no había tramitado, pese, incluso, a las quejas presentadas desde ayuntamientos gobernados por el mismo partido, como el de Gijón. Durante la etapa de Menéndez, según consta en el Principado, la última petición tramitada se remonta a 2011.

Con esos 3.628 expedientes sin analizar, la continua llegada de peticiones hizo que, el verano pasado, el colapso del salario social superara los 6.000 expedientes, cifra que, aunque en menor medida, se ha ido incrementado cada mes.

Por ese motivo, los ayuntamientos asturianos, las segundas víctimas del colapso después de los demandantes, no dejan de insistir en que la situación les desborda. Gijón, Oviedo y Avilés, gobernados por Foro, PP y PSOE, han coincidido en reclamar mayor agilidad, puesto que las personas que esperan por esta paga acuden a los consistorios en busca de ayudas de emergencia.

Unas partidas dedicadas, inicialmente, a atender casos puntuales -para hacer frente al pago de la renta, la electricidad o alguna avería-, con un máximo de tres meses de cobro por parte de los beneficiarios, pero que, como en el caso de Gijón, se han convertido en una paga de salario social paralela en espera de la original. Su cuantía supera ya el millón de euros.

Con esos mimbres, la cesta de las cajas locales está «sin liquidez», según han repetido en los últimos días responsables de ayuntamientos de todo color político. Los últimos, el lunes pasado, los socialistas, quienes instaron a la consejera a que firme ya el Plan Concertado, con el que se nutre la partida municipal de las ayudas de emergencia. La firma del plan llenará las arcas municipales de efectivo. Aunque todos apuntan a que la dureza de la crisis las vaciará muy rápidamente.