37 meses sin salario social por fichar en el paro con un día de retraso

La joven vecina de Blimea María Isabel Llamazares Rodríguez sobrevive, junto a su hijo de 16 años, a pesar de que en su casa no entra ni un sólo euro desde 2010. Ya no tiene ahorros y son sus vecinos y organizaciones como Cáritas y Cruz Roja las que les permiten comer «al menos a mi hijo dos veces al día», explicaba ayer Llamazares. Una situación agónica, teniendo en cuenta que debe facturas de la luz por un importe cercano a las 600 euros y seis meses de comunidad, lo que la puede abocar a un desahucio ya que la vivienda ubicada en la plaza de San Roque es propiedad de Vipasa.

El motivo: la consejería de Bienestar Social adeuda a esta madre soltera más de 20.000 euros -37 meses- de un salario social que esa misma institución le concedió en su día, pero que ahora no le abona. Y es que Llamazares solicitó el 27 de marzo de 2010 el salario social, un año después recibió la comunicación de que tenía derecho a la prestación y, al tiempo, el anuncio de que no se le pagaría porque «me retrasé en un día al ir al fichar al paro». La joven, de 37 años, acudió al Inem donde le dieron un justificante indicando que «fue un retraso, pero que no cambiaba mi situación». Entonces interpuso una alegación para comenzar a percibir el salario social que le pertenece, unos 560 euros mensuales.

Ante la demora, la asistente social le recomendó «volver a solicitar el salario social porque las alegaciones van muy lentas». Realizado el trámite, el 24 de julio de 2011, el 2 de agosto se le comunicó que tenía derecho al salario, pero sigue sin recibirlo. El 28 de febrero acudió al Registro del Principado ante la posibilidad de que pueda ser desahuciada por Vipasa, al deber seis meses de comunidad, para pedir que se agilizara el cobro del salario social, pero las facturas continúan acumulándose.

Y el pasado 26 de abril, por último, cuando desde los servicios sociales se le indicó que cobraría en mayo, el coordinador de Servicios Sociales, Luis Ángel Palacio Argüelles, le comunicó a su asistenta social que «no se me puede incluir en nómina porque está pendiente de estudiar la alegación que hice hace dos años, en 2011, y que él solo cumple con la ley», concluye.