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REDACCIÓN
Domingo, 28 de abril 2013, 03:03
La Dirección General de Salud Pública del Principado perseguirá la comercialización y suministro de óxido nitroso, más conocido como 'gas de la risa', a través de dispositivos dirigidos a facilitar su inhalación por parte de los consumidores, generalmente adolescentes, en locales de ocio de Asturias. El óxido nitroso es un fluido de uso frecuente en restauración o como anestésico, pero su uso con fines distintos de aquellos para los que está indicado conlleva serios riesgos para la salud.
La Consejería de Sanidad asturiana anunció ayer que ha tomado esta decisión después de que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el Instituto de Medicina Legal de Asturias hayan concluido que la inhalación de este producto supone un riesgo para la salud y la seguridad.
En los últimos meses, la Fiscalía Especial Antidroga del Principado y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado que diversos establecimientos de hostelería comercializan globos hinchados con esta sustancia, «una práctica contraria a la salud pública y a los principios más elementales de la ética profesional, que abusa de la desinformación los consumidores», explican, y subrayan la especial vulnerabilidad del colectivo adolescente y juvenil al que se dispensa este producto nocivo.
La utilización del gas inhalado con fines recreativos produce lesiones y alteraciones del sistema nervioso (como el delirio), así como de las células sanguíneas y pulmonares, que pueden llegar a ser severas, y también aumenta el riesgo de accidentes. Y las autoridades advierten de que los efectos del producto pueden potenciarse con el consumo de alcohol, una combinación que se da frecuentemente, por sus efectos depresores del sistema nervioso central.
Multa de 18.000 euros
El informe de toxicología indica que «el empleo de gas inhalado y con fines recreativos supone un riesgo para la salud y, como tal, no puede aceptarse su utilización en globos, cápsulas, juguetes, etcétera, con el fin de ser inhalado».
El estudio del Instituto de Medicina Legal de Asturias añade que el riesgo vital es bajo, pero existe, «por lo que el empresario tiene la obligación de retirar, suspender o recuperar de los consumidores y usuarios cualquier bien que suponga un riesgo previsible para la salud».
Por último, Salud Pública recuerda que el incumplimiento de esta prohibición constituye una infracción administrativa grave, lo que puede conllevar sanciones de hasta 18.000 euros.
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