Industria estudia la intervención de las minas del grupo de Victorino Alonso

El Ministerio de Industria no descarta la intervención de las empresas mineras del grupo de Victorino Alonso cuya actividad se encuentra paralizada desde hace varias semanas tras decidir el Gobierno denegarle las ayudas del Plan del Carbón del ejercicio de 2012 al no estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, según pudo saber este periódico. El ministerio no quiso hacer declaraciones ayer sobre este asunto, pero tampoco descartó la información.

Las dificultades de las empresas mineras del grupo Alonso -Uminsa y Coto Minero Cantábrico (CMC)- se acrecentaron después de que el Ministerio de Industria se negara a pagarle las ayudas. Como consecuencia de ello, a principios del pasado mes de marzo el grupo solicitó un preconcurso de acreedores en un juzgado de lo mercantil de Madrid para abrir un periodo legal de negociación con sus acreedores y renegociar sus deudas. Alonso explicó en aquel momento que se había visto obligado a recurrir a esa fórmula ante la imposibilidad de hacer frente a sus compromisos de refinanciación de su deuda después de que el Gobierno le denegara las ayudas (29,3 millones de euros para Uminsa y 19,8 millones para CMC).

«No es deseable, pero tampoco lo descartamos», respondió el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal al plantearle la Unión Sindical Obrera (USO) el pasado mes de marzo una posible intervención del Gobierno en las explotaciones mineras. USO pidió el rescate de estas explotaciones y su adjudicación a Hunosa.

A las deudas del grupo Alonso con la Seguridad Social, que ascienden a 400.000 euros en el caso de Uminsa y de 89.000 euros por CMC, hace unos días se supo que el Tribunal Supremo había condenado al grupo a pagar 900.000 euros por un antiguo pleito que mantenía abierto desde hace 12 años, según informaron fuentes sindicales. A todo ello hay que añadir la polémica por la desaparición de 500.000 toneladas de carbón del Almacén Estratégico Temporal (AETC), que está pendiente de la denuncia judicial presentada por Hunosa.

Fuentes sindicales consultadas señalaron ayer que «algo se está cociendo y todo hace indicar que la falta de viabilidad de estas empresas y la situación límite en que están los 1.400 trabajadores que forman parte de ellas llevará a la administración a tomar alguna determinación». Una de las posibilidades que ayer se barajó está relacionada con la retirada de la concesión de las explotaciones mineras que no corresponde al Ministerio de Industria, sino que es una competencia del Principado.