Los sindicatos cargan contra las tasas que se proyectan para el Registro Civil

Aún no ha pasado por el Consejo de Ministros y las partes implicadas desconocen cuando decidirá el Gobierno de Mariano Rajoy llevarlo al Parlamento. Y sin embargo, el borrador del anteproyecto que persigue una reforma de integral del sistema registral español ya ha movilizado a todas las partes implicadas en el proceso.

Previamente a estos cambios, ayer se inició el traslado del Registro Civil desde su sede de los juzgados de la calle Prendes Pando, al nuevo Palacio de Justicia de La Bohemia. Durante la próxima semana no se atenderá a los ciudadanos, pues esos días se dedicarán al traslado de los equipos informáticos, muebles y archivos a una nueva ubicación en la planta baja del Palacio de Justicia. La Administración prevé reiniciar la actividad del Registro Civil, ya en la nueva oficina, el martes 7 de mayo.

Los sindicatos han puesto un marcha un calendario de protestas que ayer comenzó con una concentración ante la gerencia del Ministerio de Justicia en Oviedo, en contra de lo que consideran una «privatización descarada» de las competencias de los registros civiles que, todo apunta, pasarían a los registradores de la propiedad, quienes, por su parte, argumentan que su calidad de trabajadores públicos impide hablar de privatización. La medida, en torno a la cual aún existe mucha incertidumbre, pondría en jaque 3.500 puestos de trabajo en toda España. Las centrales temen que muchos interinos puedan ser despedidos y se tenga que reubicarar en otras dependencias de la administración a los funcionarios con plaza. Según fuentes sindicales, 84 personas trabajan para el Registro Civil en Asturias, cuyas oficinas están ubicadas en todos los juzgados de la región, incluso en los de paz, que realizan las funciones más básicas.

Las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, trámites que por el momento son gratuitos y «que más tarde o más temprano tenemos que hacer todos», explica Juanjo Azcano, de CC OO, podrían pasar a ser de pago si las competencias del registro civil salen de la Administración de Justicia. Los precios que tendrían que afrontar los ciudadanos por realizar este tipo de gestiones aún no ha trascendido, pero Azcano está seguro de que no saldrá barato: «Los registradores de la propiedad son funcionarios que cobran por arancel -es decir, por cada gestión que realizan- y no lo van a hacer por 10 ó 20 euros».

Inscripciones voluntarias

Margarita de Carlos, decana del Colegio de Registradores de Asturias, sin embargo, defiende que «el anteproyecto no modifica el régimen de gratuidad y tendríamos que asumir sus costes sin ningún tipo de contraprestación económica ni dotación presupuestaria». Matiza, no obstante, que podría cobrarse por ciertas cosas. Entre el día 16 y el 18 de este mes acudió en Zaragoza a la Asamblea General de Registradores -donde el anteproyecto ocupó buena parte de las conversaciones- y admite que «de lo que sí se ha hablado es de la posibilidad de pago por algunas inscripciones voluntarias -como la de los cambios de nombre- pero tampoco está claro».

Los sindicatos consideran que con esta estrategia el Gobierno central pretende ir cobrando cada vez por más servicios hasta que finalmente todos los registros sean de pago y recuerdan que las modificaciones introducidas por Alberto Ruiz-Gallardón ya han elevado el coste de acceso de los ciudadanos a los servicios de Ministerio que dirige, el de Justicia.

«Quieren engañarnos con que determinadas cosas van a seguir siendo gratuitas, pero no nos lo creemos», resalta Elena Casas, de UGT. Asegura que la nueva medida supondría «un gasto brutal» y que los españoles ya pagan por este tipo de trámites con sus impuestos por lo que se produciría un «repago».

«¿Si el servicio funciona por qué sacarlo del ámbito público? En ningún país de nuestro entorno sucede esto», recalca Cristina Esteban del CSIF, quien alega que es precisamente el Registro Civil el departamento de la Administración de Justicia que mejor funciona. La reforma no supondrá, a su juicio, ningún tipo de ahorro para las arcas del Estado ya que, recalca, se tendrán que invertir los medios necesarios para formar a los registradores de la propiedad en su nueva labor.

Hipotecas

Los sindicatos creen además que el anteproyecto persigue reflotar el negocio de los registradores de la propiedad, muy afectado por el descenso de la firma de hipotecas. Margarita de Carlos replica que pese a que el sector no recibirá nuevos ingresos, el aumento de la carga de trabajo aseguraría el mantenimiento de la actividad: «Hemos hecho un enorme esfuerzo para conservar las plantilla, de modo que tenemos más personal de que es necesario y la asunción de nuevas tareas permitiría seguir manteniendo empleo en las oficinas».

Las centrales sindicales ya se han organizado a nivel estatal y regional y pretenden continuar saliendo a la calle para evitar lo que consideran un nuevo ataque al contribuyente. «No van a bajarnos los impuestos», coinciden, «y cada vez pagaremos por más servicios».