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E. C.
Viernes, 26 de abril 2013, 04:09
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, considera «absolutamente impropia y contraria a las políticas generales de la Administración Pública» la gestión de una indemnización al exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato. Catalá respondió así en la Comisión de Fomento del Senado a una pregunta del senador de Foro Isidro Martínez Oblanca en relación a si los representantes del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón propondrán la interposición de un recurso contra la sentencia que obliga a indemnizar a José Luis Díaz Rato .
El secretario de Estado llegó a calificar de «impropia y excesiva» la indemnización y recordó que el Gobierno adoptó el año pasado medidas normativas para que las indemnizaciones en los ceses se limitasen a lo estrictamente legal. Catalá insistió en la «absoluta disconformidad» de su departamento con ese tipo de indemnizaciones a exaltos cargos de la citada Autoridad Portuaria y subrayó la visión crítica del Gobierno ante este tipo de actuaciones.
El pasado mes de noviembre, una sentencia del Juzgado de lo Social número tres de Gijón impuso a la Autoridad Portuaria la obligación de indemnizar con más de 336.000 euros al ingeniero José Luis Díaz Rato por su destitución como director de El Musel.
Díaz Rato hizo valer ante los tribunales el contrato blindado que le firmó en 2000 el entonces presidente portuario, Miguel Ángel Pesquera. No era el primer caso. La destitución del antecesor de José Luis Díaz Rato, Joaquín Juan Dalac, también fue seguida de demanda, sentencia favorable al demandante (en ese caso no en primera instancia) y abono de la indemnización correspondiente a un contrato laboral, en lugar de mercantil, como entonces defendió el puerto.
Sorpresa de Oblanca
Dalac se quedó, eso sí, sin los intereses de demora que había reclamado, según reconoció tiempo después en un artículo publicado por EL COMERCIO. En el caso de Díaz Rato, la primera instancia falló a su favor, de forma que era el puerto el llamado a recurrir la sentencia, y así lo hizo, por acuerdo del consejo de administración.
El senador de Foro Isidro Martínez Oblanca expresó ayer sorpresa porque la Administración no haya demandado a los responsables del contrato, cosa que tampoco sucedió en el caso de Dalac y, por lo tanto, no hay precedente del resultado.
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