Abandonado a flote en El Musel

No siempre una vía de agua, un incendio a bordo o siniestro de similares características fuerza a la tripulación a abandonar un barco. La situación económica propicia también, en ocasiones, que armadores otrora ilusionados con sus embarcaciones de recreo decidan prescindir de lo superfluo para recortar gastos.

Si la crisis está detrás del caso del 'Xiana', un pequeño barco de cerca de siete metros de eslora, no está claro, pero sí lo están los motivos que han llevado a la Autoridad Portuaria de Gijón a incoar un «expediente de abandono de buque»: más de un año sin actividad ni pago del atraque en los pantalanes de Marina Yates, el puerto deportivo de los muelles de La Osa. Según pudo saber EL COMERCIO, hay más casos similares, aunque todavía no estén afectados por expediente similar, y algunos armadores optaron por sacar a tierra sus lanchas y dejarlas en alguna finca propia o de persona conocida, para ahorrarse, de momento, el coste del atraque y los gastos de mantenimiento, tanto técnicos como administrativos, ya que los barcos, igual que los coches, tienen un seguro obligatorio.

El ejemplo de los coches sirve también en el procedimiento por abandono, aunque la normativa aplicable sea diferente. Hay quien deja su automóvil aparcado en cualquier calle para no darlo de baja y, por lo que se ve, también un barco puede quedar inmovilizado junto a un pantalán.

Si, como es el caso, se trata de un puesto de atraque privado, sujeto a concesión de una Autoridad Portuaria, la firma adjudicataria intenta por todos los medios localizar a los propietarios para resolver el problema. Pero el teléfono que antes servía de contacto ya no cumple esa función y las cartas enviadas a la dirección del cliente no provocan respuesta alguna.

En esas condiciones, el artículo 302 de la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante explica el procedimiento a seguir. Tras indicar que «corresponde al Estado la propiedad de los buques abandonados en la zona de servicio del puerto», la citada norma estipula que «se considerarán abandonados aquellos buques que permanezcan durante más de tres meses atracados, amarrados o fondeados en el mismo lugar dentro del puerto sin actividad apreciable exteriormente, y sin haber abonado las correspondientes tasas o tarifas, y así lo declare el consejo de administración de la Autoridad Portuaria».

Pero antes de efectuar la declaración oficial de abandono, es preceptivo un expediente que debe dar audiencia al armador. Eso es lo que justifica el anuncio aparecido en el BOPA el pasado martes, con un plazo de 15 días para que la persona por otro método ilocalizada pueda presentar alegaciones y, en su caso, volver a hacerse cargo de la embarcación.