El plan de empleo juvenil exige un tutor personal para cada beneficiario

El Principado asumirá tres cuartas partes del coste de cada contratación que se realice dentro del nuevo plan de empleo para jóvenes. La Administración autonómica, a través de la Consejería de Economía y Empleo, compensará a las empresas y ayuntamientos que se adhieran al programa con 5.760 euros anuales. Las entidades participantes, por su parte, sólo tendrían que financiar un 25%, es decir, unos 1.400 euros.

Al margen de las cifras, la principal novedad que presenta el primer plan de empleo impulsado por el Gobierno de Javier Fernández es la exigencia a las empresas y Ayuntamientos de que realicen una labor de seguimiento y orientación a los jóvenes que tomen parte en el programa. El Principado reclama a las mismas el nombramiento de un tutor para cada uno de los beneficiarios. El propósito, aseguran, es «facilitar el aprendizaje en el puesto de trabajo».

A lo largo de los primeros seis meses, los aspirantes a conseguir un hueco en el mercado laboral tendrán la oportunidad de realizar prácticas no laborables y recibirán una beca de 426 euros mensuales, tal y como se recoge en el marco normativo que regula este tipo de acciones formativas. A continuación, señalan desde el Principado, serán contratados en prácticas por un periodo de otros seis meses, en los que recibirán el 60% del salario establecido para el puesto que ocupen, lo que supone un coste global de 4.350 euros.

La iniciativa del Ejecutivo regional, en palabras del consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, es facilitar una «primera experiencia laboral» a dos mil jóvenes menores de 26 años. El plan, que tiene una dotación de 48 millones y una vigencia de poco más de dos años (2013-2015), se articula sobre tres líneas de trabajo, que persiguen facilitar la orientación laboral de jóvenes en situación de desempleo. Ese proceso, aseguran desde la Administración, se hará de forma personalizada, reforzará las acciones formativas (se ofrecerán ocho mil plazas en cursos) para que los destinatarios logren una certificación oficial profesional y armonizará la formación con el aprendizaje directo en las propias empresas.

Las empresas y los ayuntamientos interesados en contratar a jóvenes menores de 26 años con titulaciones universitarias, de formación profesional o certificado de profesionalidad, pueden acceder a la documentación exigida en el portal www.trabajastur.com.

Según ha podido saber este periódico de fuentes de la Administración, hay ya una docena de entidades que han mostrado su intención de colaborar en el proyecto.

El presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Antonio de Luis Solar, confía en que los ayuntamientos contribuyan a mitigar el alto desempleo juvenil y participen en el programa. «Toda medida dirigida a aliviar la actual situación debe ser bienvenida», asegura De Luis Solar, que invitó a todos los consistorios a «aprovechar» las medidas que puedan contribuir a corregir el problema. El presidente de la FACC pone en valor la iniciativa porque permite, según su opinión, superar los obstáculos que representan la «falta de experiencia y cualificación adecuada».

Críticas de Cascos

Lejos de las virtudes destacadas por el máximo representante de los ayuntamientos asturianos, el presidente de Foro no ve con buenos ojos el plan diseñado por el Ejecutivo de Javier Fernández. Francisco Álvarez-Cascos pide a los jóvenes que comparen el nuevo programa -que calificó de «contratos basura»- con la iniciativa impulsada por el Gobierno que él mismo presidía hace un año y acusa a los socialistas de afanarse en contentar a los agentes sociales antes de atender la demanda de los parados.

«Si la línea de trabajo se estructura sobre la base de acciones formativas es evidente que está pensado para contentar a los sindicatos y la patronal, proporcionándoles fondos para la formación que no han dado ningún resultado en los últimos años», ahondó Cascos.

El presidente de Foro esgrime el programa de salario joven impulsado por su Ejecutivo y que proporcionaba, recuerda, «un contrato de trabajo auténtico». Lamenta, sin embargo, que no haya tenido continuidad por la decisión «fulminante» de suprimirlo por parte del Gobierno de Fernández.