«¡En verano también comemos!»

«Nos gustaría saber qué van a hacer este verano los diputados, porque trabajar no van a trabajar, pero cobrar sí que van a cobrar. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?». Con ese argumento casi irrefutable, Manuel, docente en un instituto del centro de Asturias, se echó ayer a la calle junto a alrededor de medio millar de profesores en situación de interinidad para protestar por lo que considera «injusto» y «discriminatorio», «indignante» e «inmoral»: la supresión del pago de los meses estivales al profesorado interino. O lo que es lo mismo: la «vulneración de un derechos» de cerca de 2.500 profesionales que se irán al paro desde el 30 de junio hasta la primera quincena de septiembre y que denuncian que la Consejería de Educación los deja «en condición de desigualdad, tanto frente a los demás docentes asturianos como, a los interinos del resto del Estado español».

Convocada por los sindicatos de la Junta de Personal Docente en pleno (CC OO, UGT, ANPE, SUATEA y CSIF) y orquestada desde el ovetense IES de La Corredoria a través de la plataforma 'Interinos Asturias', en las redes sociales, se trataba de la primera concentración contra un tijeretazo que, según los cálculos de la consejera del ramo, Ana González, supondrá un ahorro de 10,2 millones de euros anuales para las arcas públicas. Y que, para los interinos, representará «una pérdida retributiva que afectará a toda la vida laboral, viéndose suprimida la cotización a la Seguridad Social, con efectos negativos sobre el tiempo que es necesario acumular para acceder a la jubilación».

Pero es que, además -leyeron un comunicado frente a la consejería-, perderán unas retribuciones que percibirán desde 1988 y se encontrarán en «una gran desventaja frente a interinos de otras comunidades, en tanto que, durante este periodo, no se acumularán puntos para acceder a un puesto definitivo en la función pública». Y tampoco se añadirá tiempo al cómputo que permite el acceso a trienios y sexenios ni podrán obtener la puntuación que les correspondería por haber trabajado en un puesto que tenga reconocido el carácter de difícil desempeño.

No se trata sólo de suprimir un derecho consolidado durante un cuarto de siglo con una «medida economicista», explicaba Pilar Mulas, interina en el instituto de Luanco, que defendía que, a pesar de no tener confianza en que Educación dé marcha atrás en sus planes, hay que moverse. «Hay que movilizarse porque, si no lo haces, ni siquiera existes, y porque, aunque no escuchen, oirán ruido. Nos están robando hasta la ilusión», defiende esta trabajadora, consciente de que este recorte «se ceba en quien trabaja en condiciones de mayor precariedad», lo que obliga a cientos de interinos como ella a vivir en «una continua incertidumbre que no permite la estabilidad necesaria para tener proyectos personales o familiares».

«¡En verano también comemos!», se escuchó antes de que intentasen entregar sus reclamaciones a la consejera salvando un gran despliegue policial. Llegaron hasta el director general de Recursos Humanos, que se comprometió a trasmitirselas a Ana González. Nadie podrá decir que no avisaron de que, sin ellos, «se producirán situaciones anómalas en los centros educativos con el arranque del próximo curso».