Gijón prohíbe el botellón y la prostitución en la calle

Catorce meses después de la presentación del primer borrador, el Pleno municipal aprobó ayer de forma definitiva la nueva ordenanza de convivencia ciudadana, que regulará entre otros asuntos el consumo de alcohol en la vía pública y la prostitución callejera. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. El texto contó con el apoyo de Foro y PP, y la oposición de PSOE e IU.

La nueva ordenanza busca, según se recoge en la primera parte del texto, «preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo» y se presenta como «una respuesta equilibrada» que combina «el reconocimiento del derecho de todos a comportarse libremente en los espacios públicos» con «la necesidad de que todos asumamos determinados deberes de convivencia y de respeto a la libertad, la dignidad y los derechos reconocidos a los demás, así como el mantenimiento del espacio público en condiciones adecuadas».

Contempla 39 tipos de infracciones diferentes, con una graduación de tres niveles: leves, graves y muy graves. Para las primeras se contemplan sanciones desde 100 hasta 750 euros, para las segundas de 750 a 1.500 euros, y para las más graves de 1.500 a 3.000 euros. En este último grupo sólo se recogen dos supuestos: las conductas de agresión o asedio en grupo a menores y las conductas vandálicas, agresivas o negligentes en el uso del mobiliario urbano «que generen situaciones de riesgo o peligro para la salud y la integridad física de las personas o los bienes». También se sancionará como infracción muy grave la comisión de dos graves en un año.

Más allá de este tipo de conductas, entre los aspectos que más controversia han generado durante la tramitación de la nueva ordenanza está la regulación del consumo de alcohol en la calle. La norma aprobada ayer hace referencia expresa a la «práctica del botellón», que define como el consumo en la calle de bebidas, preferentemente alcohólicas, por parte de un grupo de personas «cuando como resultado de la concentración de las mismas o de la acción de su consumo se puedan causar molestias» al resto de usuarios de la vía pública o a los vecinos, se deteriore «la tranquilidad del entorno» o se provoquen «situaciones de insalubridad». Y tras definirla, especifica las ocasiones en las que esta práctica estará prohibida.

No se podrá hacer botellón a menos de 50 metros de viviendas habitadas -salvo en terrazas o con autorización municipal-, ni en las inmediaciones de centros sociosanitarios, educativos e instituciones, así como en lugares «de especial interés histórico-artístico». Tampoco se permitirá esta práctica cuando «el consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de personas o invite a la aglomeración de éstas» ni cuando «el consumo se exteriorice en forma denigrante para los demás viandantes». Se perseguirá igualmente cuando haya menores participando. Además se prohíbe tirar al suelo latas, botellas, vasos o cualquier otro objeto. Se insta a los organizadores de eventos culturales, lúdicos, festivos o deportivos en los que se produzcan estas conductas a comunicarlo a la autoridad, y se contemplan multas de 750 a 1.500 euros para los propietarios de locales o responsables del control de acceso que no alerten a la Policía «cuando se produzcan actos incívicos, violentos o molestos de los clientes en los establecimientos, o a la entrada o salida de éstos». La práctica del botellón en los espacios públicos no permitidos supondrá una infracción leve, con multa de 100 a 750 euros.

La ordenanza también regulará la prostitución en la calle, un aspecto que había sido retirado del borrador inicial pero que regresó al texto tras estudiar las alegaciones recibidas durante los 60 días de exposición pública del proyecto normativo -de las cien recibidas, 19 se referían a este asunto-. En concreto, en cuanto la nueva norma entre en vigor quedará prohibido «promover, favorecer o contratar» en la vía pública servicios sexuales retribuidos «cuando se altere la tranquilidad o seguridad de la ciudadanía», si dificulta el tránsito de peatones o vehículos o si produce molestias «incompatibles con el descanso».

Baños con bandera roja

Entre otras conductas que serán perseguidas se incluyen el destrozo de mobiliario urbano, la realización de grafitis o pintadas, la colocación de carteles en lugares no habilitados para ello, orinar en la calle, usar las vías públicas para la venta de coches, bañarse o lavarse en fuentes y estanques, arrancar flores, perturbar el descanso de los vecinos con cantos, gritos o peleas, llamar de forma indiscriminada a los timbres o bañarse en la playa con bandera roja.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, aseguró ayer que con esta norma se pretende «establecer un modelo de convivencia» y criticó la oposición a la ordenanza de PSOE e IU que, según aseguró, sí han apoyado textos similares en ciudades como Santander o Sevilla. Desde el principal grupo de la oposición, la edil Begoña Fernández acusó al equipo de gobierno de buscar «la ciudad de orden que les pide su electorado y no la ciudad ordenada que demanda la mayoría». En referencia a artículos como el que prohíbe utilizar bancos públicos «para usos distintos a los que están destinados», señaló que «quieren crear un espacio público donde el desorden se oculte detrás de las casas para que nadie lo vea, porque el que no puede estar en un banco público estará en lugares como el edificio de Ezcurdia 73, en una situación de marginación social».

Por su parte, la concejala de IU Libertad González definió la ordenanza como «un secuestro del espacio público» y criticó «que se prohíba el botellón, que en Gijón no existe».