El Gobierno reconoce problemas de «prevención y vigilancia» en AZSA

Gaspar Llamazares indicó ayer que el Gobierno del Partido Popular «reconoce implícitamente que en Asturiana de Zinc se han podido producir problemas graves tanto de prevención como de vigilancia de la salud de los trabajadores», según consta en la respuesta entregada por escrito a las preguntas que el diputado de IU formuló al respecto en los meses de enero y febrero.

Para el diputado de IU de Asturias en el Congreso, la situación en Asturiana de Zinc (AZSA) «pasa de castaño oscuro», después de que en el mes de marzo se registrasen niveles de mercurios más altos de los acostumbrados. Llamazares habló de «reincidencia» por parte de la empresa, que «todavía no se ha pronunciado» sobre la intoxicación que sufrieron los trabajadores de Ingeniería y Montajes del Norte (IMSA) -y personal de AZSA- tras el accidente registrado en los meses de noviembre y diciembre.

Los altos niveles de mercurio deberían de servir, según el diputado de IU, para que el Gobierno «profundice en la causa porque se está perdiendo mercurio y no se sabe cómo ni por dónde», además de que «resulta necesario proteger a los trabajadores y a la población».

Para Llamazares, «el Gobierno también reconoce que se ha producido un problema todavía desconocido en el propio proceso productivo de la empresa», que hace necesarias «medidas urgentes de subsanación y sanción de esos graves fallos que ha tenido la empresa» en cuanto a la prevención y seguridad de la plantilla y los trabajadores de las empresas subcontratadas.

En su respuesta por escrito, el Gobierno recuerda que en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se especifica que el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, y sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, o para verificar si el estado de salud del trabajador pueda constituir un peligro para el mismo, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa.

El Gobierno también insiste en que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando las circunstancias en las que se produjo el suceso, «por lo tanto, hasta que no finalicen estas actuaciones no podrá determinarse cuáles fueron los hechos, las causa y el grado de exposición de los trabajadores al mercurio». Al respecto, la respuesta a Llamazares también incluye que «una vez determinadas las circunstancias del suceso, se procederá a la exigencia de las responsabilidades administrativas y de Seguridad Social que resulten oportunas en atención a los incumplimientos comprobados».

El Gobierno también señala que Asturiana de Zinc cuenta con una Autorización Ambiental Integrada (AAI) otorgada por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado en 2008, por lo que «el Gobierno no tiene competencias en materia de gestión ni vigilancia e inspección en materia ambiental, por lo que tan sólo se puede informar de las emisiones reportadas».