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E. R.
Martes, 9 de abril 2013, 03:47
El PP de Carreño solicitará al gobierno local que inicie acciones administrativas y judiciales para que el Principado ejerza sus competencias en Medio Ambiente y vigile el cumplimiento de las autorizaciones ambientales integradas concedidas a las industrias del concejo. El objetivo es que las empresas adopten las medidas que, en su día, fueron recogidas en dichos permisos para reducir los efectos de la contaminación. Siguiendo las reclamaciones que, de forma reiterada, ha hecho la asociación de vecinos de Xivares El Tranqueru después de comprobar que las condiciones impuestas no se están cumpliendo, el PP quiere que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto. En especial, contra las emisiones a la atmósfera del parque de carbones de Arcelor. Por eso, ha presentado una moción para que sea tratada en el Pleno ordinario de este mes de abril.
Según explican los populares en un comunicado, en julio de 2009, la Consejería de Medio Ambiente modificó la autorización ambiental integrada de la compañía, en la que establecía que ésta debía aumentar en dos metros la altura de la pantalla protectora existente en el muro que separa la carretera del parque. Sin embargo, los propios vecinos han aportado documentación en la que aseguran que ese recrecido no se ha llevado a cabo. «No hay cubrición alguna que minimice el impacto visual y las emisiones difusas de carbón que llegan a nuestras viviendas y perjudican gravemente nuestra salud», dicen.
Al igual que los residentes en la zona, el PP se muestra crítico con otros «incumplimientos» similares en la cementera de Tudela Veguín y en la cantera Sato-Aboño. Advierte de que El Tranqueru trasladó, en septiembre de 2010, una queja ante la Procuradora General del Principado de Asturias en la que le ponía al corriente de que estas medidas correctoras no se estaban llevando a cabo. «La consejería ni siquiera se dignó en remitir la información solicitada por la Procuradora General, mostrando una vez más que su actitud es la de hacer caso omiso a cualquiera de sus obligaciones legales en este asunto», se quejan los populares de Carreño.
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