La patronal de la concertada prevé un aluvión de demandas de los colegios

Coincidiendo con el lanzamiento, ayer, de la nueva campaña de la Conferencia Episcopal Española para animar a los jóvenes a cursar religión en la escuela, «imprescindible para lograr una formación integral del alumno» (en Facebook y Twitter se promocionará con el hagstag #apuntateareli), hay quien sigue viendo en el último tijeretazo sufrido por la red de colegios concertados de la región un recorte «de corte ideológico».

Así lo defiende, por ejemplo, el sindicato USO, que apunta directamente a los dos colegios de Fomento en el Principado, abocados, si nada lo remedia, a perder los conciertos de sus 23 unidades, «un palo tremendo», resume Carlos Robla, al frente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE). O lo que es lo mismo: la patronal con mayor peso en Asturias, que agrupa a la práctica totalidad de los sesenta colegios concertados, con un 90% del alumnado de esta red.

Y si Los Robles y Peñamayor han decidido ya acudir a los tribunales para pedir medidas cautelares que salvaguarden su oferta educativa, al menos, de cara al arranque del próximo curso escolar, Carlos Robla prevé que no serán los únicos en presentar batalla legal.

A la espera de que la resolución definitiva de la Consejería de Educación se plasme en el Boletín Oficial del Principado, los colegios concertados asturianos no prevén sorpresas de última hora, aunque, según recordó el portavoz de la patronal, «la última palabra la tiene la consejera». Y eso, pese a que «parece que todo está decidido».

De hecho, en previsión de que esa cascada de recursos se desencadene a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa, FERE ha contactado con las direcciones de buena parte de los nueve centros afectados -los dos de Fomento, los gijoneses San Eutiquio y Ursulinas, el José García Fernández (Valdés), el Colegio San José (San Martín del Rey Aurelio), el Santo Tomás de Aquino (Langreo), el San Luis de Pravia y el Colegio Sagrada Familia-El Pilar, de Pola de Lena, que perdería cuatro aulas- para ponerse «a su disposición» y «ofrecerles todo el apoyo y el asesoramiento necesarios».

«Están en todo su legítimo derecho de pedir amparo judicial», defiende Robla, quien sigue de cerca los pasos de la patronal andaluza, que acaba de confirmar que interpondrá recurso para solicitar medidas cautelares tras la supresión de conciertos (la mayoría, en centros católicos) y que ayer reclamó la mediación del Defensor del Pueblo ante el Ejecutivo de la comunidad.

Porque, además, subraya Carlos Robla, «este año, por ejemplo, se pierden las ayudas en 1º de ESO, pero el año que viene se pierden en 2º y los siguientes, en tercero y en cuarto. No es que se suprima una unidad. Es que se pierde toda una línea y todas esas horas menos de docencia repercutirán sobre las plantillas» de una red con cerca de 2.500 docentes y más de 31.000 alumnos.

Asturias, sin oposiciones

Y de otra plantilla, la de la escuela pública, tuvo que dar ayer cuenta la consejera del ramo, Ana González, en el Pleno de la Junta General a una pregunta del diputado de Foro Manuel Peña sobre cuáles son las causas por las que no se han convocado oposiciones docentes en Asturias.

Peña aseguró que «el Gobierno de Javier Fernández debe rectificar» tras el último «guadañazo», que supondrá 174 plazas menos en las aulas públicas el año próximo y que el Ejecutivo socialista «se está cebando con el profesorado de manera irresponsable, perjudicando la calidad de la enseñanza».

González se mantuvo firme y lo acusó, por su parte, de acudir al Parlamento con «un manta aprendido desde el principio de curso que le impide progresar adecuadamente».